Entre 1959 y 1961 se suele fechar la Gran Hambruna China, período en el que algunos calculan que murieron 45 millones de personas. Marianella Herrera, presidente del Observatorio Venezolano de la Salud, recurre a ese episodio de la historia, que describe como el producto de “una serie de medidas económicas desafortunadas y sumamente contradictorias”, para ejemplificar cómo la opacidad informativa puede tener consecuencias durante décadas. “El Gran Salto Adelante de Mao implicó que familias y escuelas, en todas partes del país, tenían que buscar todas las piezas de acero, incluidas las ollas, para fundirlas y hacer de China una potencia en acero. Debido a ello la cocina china dejó de ser casera para convertirse en una cocina de banquetes, de restaurantes, y ello ocurrió porque se destruyeron todos los utensilios domésticos. Apenas ahora es que estamos sabiendo un poco más de lo que ocurrió en China en esa época”.
Para Herrera ha sido el esfuerzo mancomunado de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de las academias y de los organismos médicos independientes lo que ha permitido suministrar información sobre la situación de salud de los venezolanos y vencer la opacidad gubernamental sobre esos asuntos. “Prueba de ello es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que han llevado adelante las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, además de organismos privados como la Fundación Bengoa”. En el área alimentaria también ha sido fundamental el papel del monitoreo centinela de Cáritas que ha permitido radiografiar el estado nutricional de las familias en 46 parroquias de 7 estados.
Herrera también menciona los esfuerzos de ONG como Codevida, Cecodap y Acción Solidaria. “Esto es lo que nos ha permitido diferenciarnos de otros momentos críticos que se han vivido en otras partes del mundo”. No ha sido fácil, recalca, documentar la crisis venezolana, “que en sus inicios fue de instalación lenta, sobre todo en el área alimentaria”. “Las primeras expropiaciones de tierra coincidieron con el megaboom petrolero; había dinero para sustituir la producción con importaciones, pero cuando eso cambió se instaló la emergencia, hasta llegar al punto en el que estamos hoy, en el que 93 países de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas le piden al gobierno que reconozca la emergencia humanitaria”.
La información paralela. Herrera recalca que sin información epidemiológica no es posible desarrollar políticas públicas acertadas, “que deben basarse en evidencias científicas”. El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta coincide: “¿Para qué nos sirve un Ministerio de Salud que va detrás de las epidemias, que es en la práctica lo que ha ocurrido?”.
Oletta ha tenido un papel de liderazgo en la organización de un sistema de información epidemiológica paralelo, que ha logrado suplir los silencios oficiales. En un primer momento, que data en 2008, ese trabajo se hizo principalmente desde la Red de Sociedades Científicas Médicas, que lograron publicar más de 270 boletines con información sobre lo que estaba ocurriendo y no menos de 500 documentos sobre la situación de salud venezolana. A partir de 2013 ese trabajo continúa desde la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública, desde donde han logrado producir más de 300 documentos, que han ayudado a que la opinión pública conozca de problemas tan delicados como los brotes de sarampión y difteria. “Para conseguir la información hacemos milagros, es un trabajo muy arduo, de monitoreo permanente, totalmente voluntario, que implica buscar la información con colegas y verificar que sea cierta”. Gracias a ese trabajo se pudo conocer públicamente, por ejemplo, del brote de fiebre Mayaro en Portuguesa en 2010, que fue reconocido oficialmente tiempo después.
Los desconocidos alcances de la desnutrición infantil
La ausencia de información sobre la condición nutricional de los venezolanos es uno de los puntos más sensibles en el contexto actual de emergencia humanitaria, a la cual se le ha dado el apellido de compleja porque no es reconocida por el Estado. Marianella Herrera, presidente del Observatorio Venezolano de la Salud, enfatiza que esto es particularmente grave en el caso de los niños y las niñas, que constituyen la población más vulnerable.
En el boletín epidemiológico más reciente que se conoce, correspondiente a la última semana de 2016, hubo información sobre los casos de muerte neonatal, pero no se reportó el número de fallecimientos por desnutrición. “Cuando uno ve un número de casos de fallecimientos que van en aumento en el período inmediatamente después del parto, uno tiene elementos para deducir que ese bebé nació con un riesgo elevado debido a un déficit de atención y control del embarazo y de acceso a los servicios de salud, pero también muy posiblemente porque la madre tenía déficit nutricional”.
Recalca que los primeros mil días de vida de un niño, el período que va entre cero y dos años de edad, constituye un tiempo crítico en el crecimiento y desarrollo. “Por eso nos preocupa que no sepamos la verdadera cantidad de muertes que ocurren en esa etapa”. Otra parte del problema es la falta de acceso a la información que debería producir el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Hace una década el país presentaba las consecuencias de lo que se denomina la doble carga de la malnutrición: obesidad, pero sin haber erradicado la desnutrición, “ni siquiera en los años de mayor bonanza”, lo que da indicios del impacto que ha podido alcanzar el deterioro alimentario actual en una población que nunca llegó a superar sus problemas crónicos.
El dato
Quienes exigen información sobre salud pública recuerdan que esta solicitud descansa en el mismo marco legal sobre el que se fundamenta la libertad de expresión y de información. Citan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como varios artículos de la Constitución nacional, entre ellos el 51, que consagra el derecho de cualquier ciudadano a dirigir peticiones a los funcionarios públicos y a recibir respuesta; y los artículos 57 y 58, sobre la libertad de expresión y el acceso a la información.