Las protestas de gremios de enfermeros y docentes universitarios en demanda de mejoras salariales registraron este jueves su cuarto día en Venezuela, en una jornada marcada por la denuncia de la ONG Foro Penal, que aseguró que al menos 803 civiles han sido procesados por los tribunales militares del país desde 2017.
La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que este miércoles se paralizaron las actividades en 25 hospitales de la capital venezolana, y que el llamado se cumplió en otros 22 de los 23 estados del país.
«En las próximas horas esperamos los pronunciamientos de otros sindicatos y gremios que se van a sumar a esta justa lucha», añadió.
Contreras aseguró que los enfermeros venezolanos perciben entre 1 y 1.5 millones de bolívares por mes, lo que equivale a poco más de 15 dólares de acuerdo con la tasa de cambio oficial, o a solo 0,68 centavos, de acuerdo con una tasa para el envío de remesas reconocida por el gobierno venezolano.
«El gremio de la enfermería sigue en paro indefinido, si el presidente de la república no toma en consideración nuestras justas peticiones pues lamentablemente tendremos que decidir presentar nuestras renuncias formales», dijo.
Los enfermeros no han señalado de forma pública cuál es su pretensión salarial, pero han reiterado que no pueden percibir ingresos menores a la canasta básica alimentaria, que según el Centro de Documentación y Análisis de los Maestros (Cendas), se ubicó en mayo en más de 300.000.000 de bolívares (3.125 o 136 dólares).
Además, han pedido que sus ingresos sean homologados a los de los militares, después de que el 15 de junio se ordenara un aumento en todas tablas salariales de la Fuerza Armada, aunque no se ha especificado este porcentaje.
Una fuente militar consultada por Efe aseguró que desconoce de cuánto será el incremento, aunque en la actualidad se sabe que los funcionarios castrenses de más bajo rango percibían, antes de este aumento, unos ingresos mensuales cercanos a dos salarios mínimos.
A esta protesta se unió la de un grupo de médicos de la Maternidad de Concepción Palacios de Caracas, mientras que en Lara otro grupo de doctores participó en una manifestación.
De acuerdo con estimaciones del diputado opositor y médico José Manuel Olivares, el aumento que deberían recibir los trabajadores del sector sanitario sería del 2.000%.
Olivares, quien señaló que los bioanalistas del estado de Vargas y de Anzoátegui también reclaman mejoras, indicó que todos los sectores sanitarios celebran asambleas para decidir si se suman a las protestas en los próximos días, en medio de la severa crisis económica que padece el país.
En tanto, los gremios de docentes agrupados en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) atendieron al primer día de una paro de 48 horas que, de acuerdo con una fuente sindical, se cumplió en 17 de las 18 casas de estudio del país.
La misma fuente señaló que los docentes exigirán al gobierno que preside el chavista Nicolás Maduro, además de salarios «justos», tomar medidas que frenen la rampante inflación, que según el Parlamento, que controla la oposición, alcanzó los 2,4 puntos diarios durante mayo y ha pulverizado el poder de compra.
Las manifestaciones de este jueves ocurrieron en el marco de la denuncia que hizo la ONG Foro Penal, que aseguró que al menos 803 civiles han sido procesados en cortes militares desde 2017.
El director ejecutivo del Foro, Alfredo Romero, denunció el caso de Ariana Granadillo, una joven de 21 años que se convirtió, como él lo dijo, en la más reciente civil que es procesada por un tribunal militar al ser acusada de supuesta «rebelión militar».
«Mientras excarcelan personas, encarcelan personas», dijo el jurista en alusión a las poco más de 100 liberaciones tramitadas por el chavismo gobernante este mes, algunas de ellas para los considerados presos políticos, cuyo total actual es de 275 de acuerdo con el Foro.
Sobre esta caso se informó también que la joven será trasladada a Caracas y pidió que su caso sea tratado por tribunales ordinarios.