Las federaciones y sindicatos del sector educación desconocen la tabla con las escalas de sueldos ajustadas al incremento del salario mínimo de 1.800 bolívares mensuales, que entró en vigencia a partir del 1° del presente mes, denunció Raquel Figueroa, representante del Colegio de Profesores de Venezuela.
La dirigente explicó que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no ha informado hasta la fecha sobre el nuevo tabulador salarial y temen que se repita el despojo y desmejoras de beneficios de la contratación colectiva como en otros organismos públicos.
El miércoles varias organizaciones sindicales del sector público protestaron frente al Ministerio del Trabajo para rechazar el desconocimiento y la reducción de las primas de antigüedad y profesionalización.
Figueroa precisó que el viernes pasado cobraron la primera porción de 25% del salario mínimo aumentado a 1.800 bolívares soberanos, sin embargo, hubo casos en los cuales los maestros percibieron 5% y 10% menos del monto de 450 bolívares soberanos.
“En su afán de improvisación que lo ha caracterizado, el patrono-gobierno cancela su obligación con los educadores de forma irregular porque es inconstitucional pagar el salario fraccionado”, sostuvo la dirigente. Manifestó que están preocupados con el pago de la segunda parte (otro 25%) del salario mínimo que el gobierno fijó para hoy.
Las organizaciones que integran la Unidad Democrática del Sector Educativo y la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital celebraron una asamblea en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela para preparar la agenda de lucha con el inicio del año escolar el próximo lunes.
Figueroa indicó que las organizaciones laborales de base de los educadores y trabajadores, así como los estudiantes y las sociedades de padres y representantes de los centros educativos públicos y privados adelantan un plan de acción concreto y de lucha nacional mediante la realización de asambleas para enfrentar y frenar la arremetida antidemocrática y las medidas económicas del régimen de Nicolás Maduro.
Recalcó que el gobierno irrespeta los derechos humanos de los educadores y trabajadores, además de las cláusulas de la contratación colectiva y las actas convenio. Los asistentes decidieron sumarse a la protesta nacional del próximo miércoles convocada por varias organizaciones sindicales y gremiales.
La Asamblea Nacional invitó a las organizaciones laborales del magisterio a una jornada de trabajo con el fin de conocer detalles de la crisis educativa en el país y decretar una emergencia del sector, lo cual será aprobado en la sesión parlamentaria de finales de septiembre, informó Figueroa.
El sector educativo emplea un millón de trabajadores, de los cuales 500.000 son docentes que laboran en los planteles públicos y privados.
También organizaciones de trabajadores del sector salud denunciaron que el gobierno suprimió y desmejoró cláusulas económicas del contrato colectivo por lo que emprenderán acciones, entre ellas, sumarse a la protesta del 26 del próximo miércoles.
Inparques no pagó fracción porque no hay dinero
Los 3.000 trabajadores del Instituto Nacional de Parques no cobraron el viernes pasado la primera porción del salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, decretado por el presidente Nicolás Maduro, denunció Marlene Sifontes, directiva del sindicato de Inparques.
“Luego de varios días de silencio del porqué no pagaron, las autoridades del instituto notificaron que no hay dinero ni tienen idea de cuándo llegarán los recursos del Ejecutivo, lo que es rechazado por los trabajadores”, destacó la sindicalista.
Señaló que el anuncio fue hecho cuando la directiva sindical introducía ante el Ministerio del Trabajo un escrito para exigir que el organismo cumpla la obligación. “Las autoridades le dijeron a los trabajadores que Inparques está en bancarrota”.
Sinfontes aseguró que el último salario percibido fue el 30 de agosto. “Yo quiero que el gobierno me diga cómo los trabajadores van a continuar yendo a su trabajo si el dinero no alcanza para nada”, alertó.
Denunció que pagan de forma aleatoria a los jubilados, mientras que los trabajadores activos sobreviven con el salario anterior, lo cual les impide cubrir las necesidades básicas de sus familias.