Emily Hernández, fiscal designada para llevar el caso del asesinato de la joven Ángela Aguirre, fue denunciada por los familiares de Aguirre, quienes también recusaron y vincularon a Hernández en caso de corrupción.

El periodista German Damm informó en Twitter, que la recusación se debe a que dicha fiscal había solicitado declinación del Tribunal de Violencia Contra la Mujer para que el expediente de Aguirre fuese manejado por una institución ordinaria.

Damm explicó que Hernández se habría pronunciado en varias oportunidades sobre el caso asegurando que solo dos personas de las implicadas quedarían privadas de libertad.

También se conoce que la fiscal ignoró el primer protocolo de autopsia de la víctima, registrado en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), el cual arrojó que Aguirre tenía signos de violación y traumatismo craneoencefálico y facial con un objeto contundente.

Mientras tanto, en una segunda autopsia solicitada por Hernández, exponen que se trató de sexo consensuado y ahogamiento accidental.


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