Un hombre orinaba indiscretamente en una de las aceras a las 2:00 pm en el centro de la ciudad. Los asientos del Parque Santander de Cúcuta estaban ocupados por personas que descansaban explayadas. Algunos estaban ebrios, otros eran vendedores informales. El concejal colombiano Oliveiro Castellanos, sin preocuparse por el ambiente siniestro que se percibía, bordeaba la plaza para acomodarse en algún espacio disponible. Después de varios intentos pudo sentarse. “No pensábamos que esto se iba a desbordar. Es un problema social que se descontroló”, dijo sobre los venezolanos que desde 2015 llegan a Colombia y que también formaban parte del ecosistema en el que se encontraba.

El único que no encajaba ahí era el concejal que, con su vestimenta (jean y una chemise impecable), contrastaba con el resto de los ciudadanos. Hablaba en voz alta, como si con las palabras tratara de marcar territorio: “Cúcuta los recibió inicialmente con los brazos abiertos. Fundaciones sociales llegaban al Parque Santander y  les entregaban comidas y medicamentos. Pensábamos que iban a llegar entre 200 y 500, pero esto se fue desbordando cuando llegaron 1.000, 2.000, 3.000 personas”.

Con el pasar del tiempo los organismos gubernamentales se percataron de que era imposible atender a todos los ciudadanos que llegaban a Cúcuta, una ciudad que desde que se agudizó la crisis en Venezuela ha servido como “puente” para aquellos que quieren emigrar. De las miles de personas que pasan a diario la frontera hacia Colombia, un porcentaje se queda en el departamento de Norte de Santander para trabajar de manera informal hasta conseguir un ahorro sustancial y así trasladarse a destinos como Ecuador, Perú, Chile o Argentina. En ocasiones no tienen dónde vivir y se quedan en zonas  públicas de la ciudad.

“Nos dimos cuenta finalmente de que esto no le correspondía a las fundaciones, sino a los organismos internacionales”, continuaba el concejal. Poco a poco desconocidos se aglomeraban alrededor de Castellanos: escuchaban el discurso a viva voz que se escuchaba en una parte de la plaza. “No estamos en la capacidad administrativa ni financiera de atenderlos, por eso he reiterado en el Concejo de Cúcuta que se apliquen protocolos internacionales porque esto es un problema de atención humanitaria”.

Tal vez no era el lugar indicado para hacer una entrevista de esa índole, pero ya era tarde para advertirlo. A pesar de que el Parque Santander está rodeado de instituciones públicas como la Alcaldía, aquel domingo la plaza se encontraba sin seguridad y la jerga política del entrevistado llamaba la atención más de la cuenta. La alocución fue interrumpida cuando uno de los que escuchaba quiso opinar, interfiriendo en el audio del micrófono. Esta pausa ayudó a despejar un poco el entorno que se volvía cada vez más incómodo.   

«Acá en Cúcuta no van a tener oportunidad»

Mientras los ojos de la obra en bronce del general Santander se dirigían apaciblemente hacia el paisaje, morrales con los colores amarillo, azul y rojo (con una estampa del mapa de Venezuela) colgaban en las espaldas de varios hombres y mujeres que transitaban por la plaza cucuteña. Los cuchicheos de las personas se ampliaban y la atención recaía cada vez más en el concejal Oliveiro Castellanos, que centraba su discurso en otro problema que azota a ambos países:  el contrabando de mercancía.

El contrabando ilegal de productos desde Venezuela es uno de los temas que más le preocupa a Castellanos, pues esa situación también perjudica a los cucuteños. Narró que diariamente a las 7:00 am llegan al centro de Cúcuta buses con aproximadamente 40 venezolanos. “Hay bandas dedicadas especialmente al contrabando, ¿quiénes son permisivos?: la Guardia venezolana. Aquí han combatido y se ha logrado la incautación, pero es muy difícil combatir el contrabando”.  

En Cúcuta los abastos y supermercados venden productos con los permisos gubernamentales que exige Colombia. El panorama cambia en los suburbios de la ciudad, donde se puede conseguir medicinas, comida y chucherías con sello venezolano a un menor precio. Esto sigue ocurriendo a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos anunció en febrero la creación de un Grupo Especial Migratorio en la frontera colombo-venezolana.

Las trochas ilegales facilitan el contrabando de productos y el paso de migrantes sin documentos en regla. Muchos de ellos adornaban  en ese momento de la entrevista los espacios del Parque Santander.

“El mensaje para el ‘venezolano de bien’ es que acá en Cúcuta no van a tener la oportunidad. Fíjese usted que estos venezolanos están durmiendo en el Parque Santander, también están yendo a los grandes sectores de la ciudad, donde ya la gente los echa y le piden a los policías que los retiren”. Seguía imponiéndose con las palabras sin importarle estar rodeado de sujetos desconocidos.

La tensión se disipó cuando Castellanos se levantó de su asiento. Las personas que escuchaban la conversación se dispersaron entre los espacios de la plaza como si nada hubiese pasado. El lugar recuperaba la dinámica siniestra y el desentono impecable de la vestimenta del concejal se alejaba hacia los lados de la Alcaldía de Cúcuta. A lo lejos quedaban las personas que dormían en los bancos,  los ebrios y los vendedores informales.

Al mismo ritmo del concejal, pero del lado contrario del Parque Santander, iban tres mujeres: una en minifalda, otra en shorts  y otra con un pantalón ajustado. Las escoltaba un hombre que tenía un bolso blanco guindando en el hombro. Castellanos subió en su automóvil mientras que el grupo de peatones desapareció tras la estatua del General Santander.  


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