“Mis hijos no son unos delincuentes, mis hijos no son malos. Cuando lo pusieron preso fue la Navidad más triste de mi vida”, afirmó Plácida García, madre del concejal de Guasdualito por Primero Justicia, Carlos Andrés García, de 43 años de edad, quien murió el domingo luego de 30 días de agonía tras sufrir un accidente cerebrovascular.

García fue detenido el 16 de diciembre de 2016 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y acusado por supuestos hechos violentos durante una protesta por escasez de efectivo debido al retiro abrupto de circulación del billete de 100 bolívares. Las autoridades aseguraron que estaba en posesión de una elevada suma de dinero, pero sus familiares y el partido PJ, en el que militó por 17 años, afirmaron que las evidencias fueron forjadas.

El edil fue recluido en la sede del Sebin de Guasdualito, estado Apure, mientras se realizaban las investigaciones. A los ocho meses de estar detenido sufrió un ACV y luego de 15 días, el 18 de agosto, los funcionarios lo trasladaron vía terrestre al Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, un trayecto de más de 200 kilómetros.

“Mi hermano no recibió atención especial ni oportuna cuando estuvo recluido en el Sebin de Guasdualito”, afirmó Yorlenys García, quien viajó desde Valencia para reclamar el cuerpo del concejal en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal.

La hermana contó para la agencia AFP que García sufrió un ACV a principios de agosto y durante dos semanas no lo atendieron: “Pensaron que estaba fingiendo. Cuando lo trasladaron al hospital ya estaba en muy malas condiciones”.

El concejal contrajo además una bacteria en el cerebro y llevaba tres días sin medicación, añadió la hermana. La familia publicó pedidos de ayuda en Internet para conseguir antibióticos.

Se conoció que no le harán autopsia al cadáver de García por razones que no fueron explicadas en la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Central de San Cristóbal.

Allegados contaron que García fue esposado a la cama e incluso estuvo cerca del veterinario Javier Volcán, quien sufrió algunos problemas de salud, luego de ser detenido en San Cristóbal y señalado por funcionarios gubernamentales de propiciar las protestas de este año.

Tomás Guanipa, secretario general de PJ, calificó de asesinato por parte del gobierno de Nicolás Maduro la muerte de García. «A sus secuestradores no les dio la gana nunca de proveerle una atención a su salud. No hubo juicio, no hubo atención médica, y le cobraron factura por ser militante de un partido político», señaló desde Maracay.

Aseguró que el gobierno actuó de manera perversa, al otorgarle la medida sustitutiva de casa por cárcel a García dos días antes de su muerte. Informó que varios dirigentes llevarán el caso a instancias correspondientes. 


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