La premura para realizar la consulta de la constituyente educativa fue la principal característica. Tres días, del 16 al 18 de mayo, se dispusieron para aplicar y debatir un cuestionario de 15 preguntas a docentes, estudiantes y personal.
El 16 de mayo llamaron a las instituciones desde la Zona Educativa a una reunión urgente para aplicar la encuesta, la cual se tenía que entregar el 18 de mayo. “Mandaron las preguntas a un correo y el directivo las redujo a cuatro. Las pusieron en la pizarra y cada alumno respondió. Cuando terminaron el profesor colocó en una hoja el nombre y la sección a la que le correspondió entrevistar”, relata una docente de un liceo público en Valle Abajo. Aunque la idea era que los muchachos dieran respuesta a las 15 preguntas, por falta de material en la institución no se pudieron imprimir los 900 cuestionarios necesarios para todos los alumnos, más los 100 de los docentes.
“No entiendo eso. No estoy de acuerdo”, fueron las frases recurrentes entre los alumnos y profesores cuando fueron interrogados sobre qué es la constituyente, si sabían quién debía convocarla y si estaban de acuerdo con que el presidente realizara la iniciativa, entre otras preguntas. El cuestionario finaliza con una cita de Nicolás Maduro: “Un golpe de Estado como el que está activado solo se derrota con unión cívico-militar y con la constitución en la mano”.
“Dije que no estaba de acuerdo con nada de eso. A todo le puse ‘no’ y ‘no sé’. Y como no teníamos que colocar el nombre en la hoja después de responder, por el reverso escribí ‘Elecciones ya’”, aseveró una maestra de un colegio privado ubicado en la parroquia San Pedro.
De acuerdo con Elías Jaua, ministro de Educación y encargado de la comisión presidencial para la constituyente, se hicieron reuniones sobre la iniciativa de Maduro en más de 40.000 escuelas. El funcionario, que llegó al despacho educativo en enero de este año, parece no conocer todavía el inventario de planteles a su cargo. “En 2015 habían 28.000 planteles educativos de diferentes modalidades. Jaua no conoce la realidad educativa. Ni que incluyera el sector universitario da esa cifra”, cuestiona la presidenta de Fenasopadres, Nancy Hernández.
El secretario de Educación del estado Miranda, Juan Maragall, agrega que “se está haciendo una manipulación en la cifra”. El presidente Maduro dijo el 18 de mayo que 44.490 espacios educativos serían centros para el debate en torno a la constituyente: 56 universidades, 3.246 liceos, 18.778 escuelas, 1.600 instalaciones del Inces; así como 1.100 sedes de la Misión Sucre, 24.600 de la Misión Ribas, 19.710 de la Misión Robinson.
Pese a la magnitud de los números del gobierno, la consulta quedó a medias. “En el circuito escolar noreste de Distrito Capital, de 67 planteles —entre privados y públicos—, participaron 39. La premura no lo permitió y cuando los padres se dieron cuenta que harían un debate de un documento en el que no creen, lo rechazaron. Muchas escuelas del sector oficial también repudiaron la constituyente”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo.
Proselitismo político
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación establece que no está permitida la realización de actividades de proselitismo político o partidista en los centros educativos. El uso de los planteles para difundir la propuesta política del presidente Maduro constituiría una violación a la legislación.
“Sin autorización de los padres se hicieron actividades de proselitismo. El contenido del cuestionario nos habla de unos venezolanos muy buenos y unos muy malos. Ni siquiera podemos hablar de un debate porque es una propuesta político partidista que viene del partido de gobierno. Esa constituyente no corresponde a los planes de estudios. Se pretende adoctrinar a los jóvenes a través de una propuesta sesgada, que no pueden votar por ser menores de edad”, destaca Hernández. “El documento desde la primera línea hace referencia a la oposición”, agrega Maragall.
El 19 de mayo la Asociación Civil Asamblea de Educación hizo un llamado al Ministerio de Educación para que desistiera de “convocar de manera compulsiva a docentes y estudiantes a talleres, reuniones o actividades proselitistas, con la intención de arrancar, por la vía de la intimidación, expresiones de aprobación a la propuesta presidencial, para luego presentarlas ante el país como ‘la opinión favorable de docentes y estudiantes hacia la Asamblea Constituyente’”.
Los padres también respondieron, y según Fenasopadres, emitieron un modelo de carta para que en las instituciones prohibieran alguna actividad extracurricular sin previa autorización de ellos. Fenasopadres se encuentra recolectando firmas a través de un manifiesto en que se muestran como defensores de la Constitución y para reivindicar el liderazgo de los padres de defender el derecho que tienen para decidir sobre la educación de sus hijos. “Iremos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a las estancias pertinentes. Denunciaremos la situación ante la Unicef, la Comisión de Derechos del Niño de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó Hernández.