La Conferencia Episcopal Venezolana redactó un comunicado en el que expresa su rechazo a las acciones tomadas en contra de las ONG cuya finalidad es la protección de los Derechos Humanos.

La organización exigió al “Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a ejercer las atribuciones en aras del cumplimiento al debido proceso, en los caso de detenciones arbitrarias y decomisos de medicinas que a esta hora son esenciales para la protección de la salud y las garantías que al Estado obliga como parte del derecho a la vida”.

Recordaron los artículos 83 y 84 de la Constitución, los cuales están relacionados con el derecho de la salud y de cómo el Estado debe crear, ejercer y gestionar un sistema “un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”.

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