La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia indicó a través de un comunicado que “el Estado venezolano no otorga garantías mínimas a los zulianos para poder vivir en paz”.
Codhez señaló que los habitantes de esta entidad “viven con la incertidumbre de no saber si podrán comprar alimentos, si podrán trabajar y cumplir las jornadas completas, ir a la escuela o recibir la atención médica que necesitan”.
La ONG exhortó a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que apresure su visita al país y tome en consideración para su agenda una visita al estado Zulia: “Esta visita debería establecer un encuentro con las comunidades más afectadas por la crisis eléctrica, además de constatar la situación de los centros asistenciales y las unidades de diálisis. La visita debe asegurar un encuentro con todos los actores involucrados y realizarse en un entorno independiente, imparcial y objetivo de acuerdo con las exigencias del mandato que impone Naciones Unidas”.
Codhez indicó que “desde el primer apagón nacional registrado el 7 de marzo de 2019, el Zulia no ha vuelto a la normalidad. La región continúa afectada por los apagones generales y además padece cotidianamente un desordenado esquema de racionamiento eléctrico que la mantiene, en promedio, de 18 a 20 horas diarias sin electricidad”.
Dijo que ha reportado reiteradamente que en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, “la falta de electricidad permanente en la región afecta el acceso a derechos humanos como el agua, alimentación, salud, educación, trabajo, entre otros, poniendo en riesgo la integridad y vida de los zulianos”.
Destacó que “el contexto político y social del país ha acentuado el nivel de violaciones de derechos humanos que viven los habitantes del Zulia”.
Recordó que el pasado 6 de febrero, en el marco de las protestas convocadas por la Asamblea Nacional, “se reportó la represión excesiva y violenta de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de manifestantes pacíficos. Además, en las manifestaciones del miércoles 3 y el sábado 6 de abril, ocurrieron 59 detenciones arbitrarias, entre las que se cuentan las de los diputados de la Asamblea Nacional, Nora Bracho y Renzo Prieto, efectuadas por la Guardia Nacional Bolivariana, en flagrante violación a la inmunidad parlamentaria establecida en la Constitución”.
En vista de la emergencia que vive la entidad, Codhez emitió un llamado de alerta nacional e internacional.