Las instalaciones del balnerario de Camurí Chico, ubicado en Caraballeda, se convirtieron en el estacionamiento de al menos 150 autobuses, que se deterioran por falta de mantenimiento. El canibalismo con las piezas ha formado un cementerio con estos vehículos que se requieren para atender las rutas urbanas. “Los desvalijan para mantener a otros en circulación. En la actualidad apenas cuatro autobuses de la Alcaldíaestán en servicio y los Yutong de la Gobernación van a ese cementerio porque no hay repuestos”, expresó el concejal Pablo Da Silva.

Hizo referencia a que en las horas pico por iniciativa del gobernador, Jorge Luis García Carneiro, se usan 10 camiones –conocidos como “perreras”– para paliar la alta demanda de usuarios. “La gente se está cansando de ese abuso. Inicialmente fue anunciado el Plan Centella como una salida provisional y se hizo costumbre para el usuario verlos en la vía. Generan incomodidad y ponen en riesgo su seguridad”, dijo.

Al referirse a las tarifas, expresó que van entre 700 y 2.000 bolívares, y la gente los paga para poder llegar a sus destinos: “Es lamentable el ausentismo escolar y el retardo a los centros de trabajo porque el servicio de transporte colapsó”.

Reiteró que se debería revisar la concesión de nuevas rutas e invertir en el sector privado para que mejore la movilidad de pasajeros. Indicó que muchos optan por caminar en los tramos cortos como el de Maiquetía a La Guaira o el de 10 de Marzo a Maiquetía. “Los directivos de líneas tienen que comprometerse al servicio y el Estado a garantizarle los insumos. La revisión de tarifas es un incentivo, pero se requiere apoyo de las autoridades que ha sido escaso y tardío. Hoy el transporte público prácticamente desapareció de las vías y cientos de usuarios abarrotan las paradas expuestos a la violencia para montarse en los pocos carros que trabajan”, apuntó.

Menos de 100. “La crisis del transporte no la causaron los choferes, quienes hacen el mayor esfuerzo para mantener el carro en la vía y cada vez se hace más difícil acceder a los insumos. De más de 2.000 carros, solo quedan 100 prestando servicio y a media máquina. Han sido meses en reuniones y no hay respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte ni los entes locales”, sostuvo William González, presidente de la línea José María Vargas y directivo del Bloque Unido de Transporte en Vargas.

Informó que los presidentes de las líneas de la ruta urbana de transporte público y el concejal Alexander Funes, presidente de la comisión de servicios de la Cámara Municipal, sostuvieron una reunión para revisar lo referente al caos del transporte público. La tarifa de 700 bolívares contó con el visto bueno del alcalde Terán, pero aún no se ha publicado en Gaceta Oficial porque no ha sido revisada.

Reiteró que este nuevo incremento, aún no oficial, se les hizo insuficiente porque días después fue decretado el aumento de salarios en 40%. Quedaron en desventaja al dispararse la inflación.

Insistió que si el alcalde aspira a que se alivie en algo la crisis del servicio, tiene que asumir su responsabilidad. “Ha mostrado su mejor disposición, pero se necesitan resultados porque vamos a desaparecer como los dinosaurios, antes de su primer año de gestión”.


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