Fundavene, dependiente del Ministerio para la Salud, anunció que la procura y trasplante renal de donante de cadaver quedan suspendidos en el país.
Explicó en un comunicado a los 9 centros de trasplantes de órgano del país que deben informar a los pacientes en lista de espera que a partir del 1 de junio de 2017 no se realizará la actualización mensual de las placas para evaluar la histocompatibilidad entre donante de riñón y el paciente receptor. Estima hacer una revisión en septiembre del programa.
«Los motivos de la aplicabilidad de estas medidas por todos conocidos han sido expuestos ante el Despacho del MPPS en la anterior y en la presente gestión. En entendido que, a pesar de las implicaciones médicas que esta medida pueda acarrear, resulta la estrategia más responsable a tomar ante la actual situación que atraviesa la salud pública tanto a nivel de infraestructura, RRHH así como suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el trasplante de órgano», cita el texto enviado a los centros de trasplantes.
Los trasplantes provenientes de personas vivas quedan a juicio de las unidades previo análisis de cada paciente y de la disponibilidad de medicamentos -que entrega el IVSS- para garantizar el éxito del proceso.
Fundavene espera que el nuevo ministro de Salud, Luis López, otorgue una audiencia para «plantearle la grave situación en la que se encuentra el programa de trasplante en el país».
A este medida de suspensión quirúrgica se le suma que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no importó más los insumos para las diálisis peritoneales. Desde abril, 1.500 enfermos renales sobreviven con insumos donados que dejaron personas que ya fallecieron. El IVSS pretende pasar a estas personas a la la terapia de hemodiálisis para eliminar las toxinas de su cuerpo. Sin embargo, la mitad no califica al procedimiento por tener los accesos vasculares obstruídos.
La Sociedad Venezolana de Nefrología exige al gobierno que abra un canal humanitario porque no se garantiza que quienes están trasplantados no pierdan sus riñones por la escasez del tratamiento inmunosupresor, que se entrega en la farmacia de alto costo del IVSS. Piden además que se garantice el cumplimiento del artículo 83 de la Carta Magna sobre el derecho a la salud, que se reestablezca el orden constitucional y el reconocimiento de los poderes públicos electos por voluntad popular.