En el Centro de Estudios sobre Malaria, la antigua Escuela de Malariología que dirigía el legendario Arnoldo Gabaldón el médico que encabezó la campaña que permitió que Venezuela erradicara la epidemia en los años sesenta, el investigador Oscar Noya intenta multiplicarse para atender lo que se ha convertido en una avalancha diaria de pacientes.
El pequeño edificio, situado en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela, recibe a diario al menos 24 casos de paludismo, como también se conoce la enfermedad que transmite el mosquito anófeles. No hace mucho, esa era la cantidad de pacientes que atendían allí en todo un año, recuerda Noya, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV que presta servicios ad honorem para esa dependencia del Ministerio de Salud desde hace 27 años.
La mayoría de los pacientes que acuden a buscar tratamiento vienen del estado Bolívar, donde se ha hecho una tarea titánica conseguir los fármacos que deberían administrarse para atajar la parasitosis que ataca el hígado y los glóbulos rojos. «La situación se ha vuelto extremadamente dramática porque la gente se está muriendo por falta de tratamiento», denuncia el especialista.
Esta semana, la Asamblea Nacional decretó la emergencia sanitaria en Bolívar debido a la crisis de salud en la que la malaria desempeña un papel protagónico. De acuerdo con el documento emitido por el Parlamento, entre enero y octubre de este año se registraron 206.240 casos solamente en esa entidad. «El Estado venezolano no ha implementado las políticas adecuadas para la prevención, detección y cura del paludismo», asegura.
«La Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre el aumento de la malaria en América, pero el caso más grave es el de Venezuela, que junto con Haití fue el único país donde aumentó el número de afectados entre 2000 y 2015», indica el diputado José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
El año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, hubo en todo el país 240.613 casos de malaria, 100.000 más que en 2015. Este año, los datos indican que hay un incremento de 63% en esa cifra, lo que según las proyecciones de expertos se traducirá en más de 400.000 casos a finales de año, aunque en realidad la proyección se queda corta, pues se basa en números que no toman en cuenta las recaídas, que pueden darse en un paciente múltiples veces sobre todo en un medio en el que escasean los medicamentos, afirma el ex ministro de Sanidad José Félix Oletta. Además, persiste el silencio sobre la epidemia, porque no se han divulgado los datos oficiales de 2017.
«Estimamos que solamente por Plasmodium vivax (una de los tres especies del parásito de la malaria que circulan en Venezuela) deben haber ocurrido este año 100.000 recaídas», alerta. Notificar estos incidentes debería ser un punto crítico en la estrategia contra la epidemia, coincide la directora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera.
«Los médicos de Bolívar refieren episodios de personas que han sufrido decenas de reinfestaciones, en un caso hasta 37 veces. Si eso lo contabilizas como un solo caso, no sabes realmente cuántas dosis de tratamiento requieres»
Foto: Saúl Rondón/El Nacional
Las muertes por malaria en el año 2016 sumaron 150, más del doble de las que se registraron en 2015. Este año podrían contabilizarse entre 300 y 500 decesos que habrían podido evitarse. «Sabemos que está aumentando la mortalidad, pero hay un subregistro enorme», señala Noya.
Malos cálculos. Un análisis de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y de la Red Defendamos la Epidemiología califica de grave la falla de medicamentos antimaláricos que han sido adquiridos por el Ministerio de Salud mediante el Fondo Estratégico de la OPS en los últimos dos años.
La situación, señala el informe, ha obligado a los enfermos y a sus familiares a cumplir largos períodos de espera para iniciar el tratamiento. La desesperación ha provocado protestas contra la red de centros de atención de Salud Ambiental.
La ausencia de los fármacos se ha hecho crítica en los últimos cuatro meses, añaden, sobre todo en Bolívar, Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Anzoátegui, donde se han reportado casos de pacientes que han fallecido sin recibir medicamentos. Aunque los técnicos del Ministerio de Salud solicitaron hasta tres veces más cantidad de antimaláricos para este año en comparación con 2016, se desconoce cuál es la cantidad que efectivamente habría importado el Estado, agrega el informe. Las donaciones que hizo la OPS entre abril y octubre han sido insuficientes. ³El número de unidades de cloroquina donadas solo cubre 21,71% de la demanda anual. La primaquina, 14,85% de la demanda anual. La combinación de artesunato más lumenfantrina, 47,17% de la demanda anual, y el artesunato inyectable, 7,75% de la demanda anual.
Complica el cuadro de falta de medicamentos el uso de esquemas de tratamiento incompletos y errados en las propias dependencias del Ministerio de Salud. Noya ha emprendido la tarea de archivar ejemplos de récipes oficiales en los que las recomendaciones incluyen desde usar antibióticos y otros medicamentos inútiles para el tratamiento de la malaria hasta aplicar flores de cundeamor, gotas de creolina o dietas sin ninguna base científica.
«Esto puede considerarse como un verdadero crimen», expresa.
También se indican tratamientos obsoletos, un factor que alimenta las recaídas y las recrudescencias, término que designa los casos en los que la enfermedad aparece de forma más grave, después de haberse curado aparentemente. Algunas de estas combinaciones fueron desechadas hace 25 años por la Organización Mundial de la Salud porque eran inefectivas, recuerda Oletta.
«El Ministerio de Salud no está empleando sus propias normas: aplica programas incompletos o caducos que incrementan los costos, tanto por el sufrimiento humano como por la dilapidación económica, porque tienes que comprar más medicamentos para casos que se podrían haber resuelto».
Noya cuestiona también que las dependencias públicas no diferencien entre los distintos plasmodios que pueden infestar a los venezolanos. Cada uno de ellos requiere un tratamiento diferente, por lo que antes de cualquier prescripción se debe, mediante examen de sangre, determinar de qué especie se trata. «No se trata igual un falciparum que un vivax o un malariae, hay que tener un arsenal de medicamentos para poder actuar de forma correcta», añade. Las dosis deben administrarse por kilogramo de peso y por un tiempo adecuado, pero en récipes del Ministerio de Salud se indica a los pacientes una cantidad indiferenciada y por mucho menos tiempo del que procede. Las recomendaciones también deberían ser diferentes para niños y para mujeres embarazadas.
Los errores son de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a publicar el libro Pautas de tratamiento para los casos de malaria, que se difundió esta semana, en el que se especifican las dosis adecuadas para contrarrestar cada una de las tres especies de plasmodios presentes en el país. Sin embargo, de poco servirán estas normas si persiste la escasez de medicinas.
La lista de faltantes que enumera Noya incluyen cinco fármacos que deberían adquirirse y distribuirse con urgencia: cloroquina, primaquina, las combinaciones de arteméter y lumefantrina, de artesunato y mefloquina y clindamicina, necesaria para los casos graves.
Deterioro evitable. Los tratamientos errados o incompletos exponen a los pacientes a un mayor riesgo de complicaciones y al empeoramiento de su condición clínica, alertan los expertos. Sin embargo, la mayoría de los fallecimientos están vinculados con infestaciones por Plasmodium falciparum, aclara Noya, aunque hay casos en que también puede ser mortal el vivax. En un cuadro de malaria grave hay deterioro de la conciencia, que en casos extremos puede desembocar en un coma; postración y debilidad extrema, convulsiones, dificultades respiratorias, anemia (descenso del número de glóbulos rojos en la sangre), oliguria (disminución de producción de orina), ictericia (palidez extrema o un tono amarillo en la piel), que alertan sobre fallas renales, pulmonares, hepáticas y de otros órganos.
Las pautas oficiales señalan que los pacientes que corren mayor peligro en caso de que la malaria se agrave son los niños menores de 3 años, las mujeres embarazadas, pacientes con VIH/sida o con debilidad del sistema inmunitario (el que defiende contra las enfermedades), así como las personas desnutridas. En un contexto en el que los problemas de malnutrición se han disparado, la preocupación debería ser aún mayor, indica Herrera.
«Es muy grave que no se estén tomando las acciones preventivas para detener la epidemia. Cuando en los sesenta se logró frenar la malaria, se hizo con estrategias muy sencillas como fumigación, uso de repelentes, distribución de mosquiteros, que es una medida muy económica», añade. Para Noya es vital reactivar campañas antimaláricas que fueron exitosas y que han decaído. «En este momento no hay medidas de control sanitario, no hay vehículos para el trabajo antimalárico, no hay dinero para insecticidas. La gente está sufriendo, hay una crisis sanitaria y humanitaria».
Foto: AFP
La fiebre que viene con el oro
El texto Pautas de tratamiento en casos de malaria, elaborado por el Ministerio de Salud y difundido esta semana, reconoce la relación entre la minería promovida desde el gobierno y la explosión de la epidemia de paludismo. Debido al movimiento de personas sobre el Arco Minero, procedentes de diversos estados y países fronterizos, el riesgo de transmisión de casos de malaria se ha ampliado a todo el territorio nacional, dice el documento. Añade que la incidencia de casos se ha incrementado sobre todo en Bolívar, Amazonas y Sucre.
El municipio Sifontes, epicentro de la fiebre del oro, sigue ostentando el dudoso honor de encabezar las listas de transmisión de la enfermedad. Las cifras de la Organización Panamericana de la Salud lo señalan como el más afectado por el paludismo en toda América, con un registro de 71.934 casos en 2015. Este año la situación es aún peor, pues se han contabilizado allí hasta ahora 109.510 casos.
La expansión de la malaria en todo el territorio nacional parece indetenible. Al menos 17 estados se encuentran en situación de epidemia o de alarma epidemiológica, indica un informe de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología. «El número de municipios con transmisión activa casi se duplicó en los últimos 20 años, al pasar de 49 a 92». La expansión de la enfermedad es un problema regional, pues la transmisión migra con el desplazamiento de personas más allá de las fronteras y sobrecarga los sistemas de salud de los países vecinos.
«En Colombia, 78% de los casos importados proviene de Venezuela, mientras que en Brasil esta cifra alcanza 81%».