La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura expresó preocupación por la situación de inasistencia en que se encuentran los niños enfermos en el país, la cual fue expuesta por representantes de la ONG Prepara Familia y de Cecodap, en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 165 período de sesiones que se realiza en Colorado, Estados Unidos.

El presidente de la sociedad, Huníades Urbina, señaló que el Estado venezolano incumple y viola consuetudinariamente los derechos de los pequeños pacientes en materia de salud, y hay que demandar su cumplimiento, pues las sociedades científicas es poco lo que pueden hacer a pesar de sus esfuerzos.

“Hemos denunciado la falta de asistencia a los menores tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Pueblo, pero no ha habido respuesta de ningún organismo hasta la fecha. No hay vacunas y cuando existen forman parte de una campaña y no de un programa, como debe ser, para prevenir las enfermedades infantiles”, expresó Urbina, quien calificó la situación en los hospitales de muy grave.

Hasta septiembre pasado, los centros de salud pública en varios estados del país, la mayoría tipo IV, es decir, de referencia, habían cerrado 13 áreas de pediatría debido a la falta de insumos, medicamentos y personal, indica la más reciente Encuesta Nacional del Sistema y la Organización de Salud, elaborada por el gremio de enfermería. En los hospitales universitarios los servicios pediátricos fusionaron en una sola sus dos áreas de atención.

Personal que participó en el estudio precisó que el número de centros asistenciales con problemas en estos servicios podría ser mayor debido a que solo respondieron 32 centros de una muestra de 86 hospitales tipo III y IV ubicados en 23 estados y el Distrito Capital.

En el área privada, el Instituto Pediátrico de La Florida con capacidad para hospitalizar a 10 niños y con más de 70 años de tradición, también cerró los espacios de emergencia, quirófano, laboratorio y radiología, a raíz del aumento salarial del Ejecutivo. “No pudieron con el costo del personal”, dijo uno de los especialistas consultados.

CIDH hará seguimiento

La abogado Katherine Martínez, en representación de Prepara Familia y de Cecodap, peticionarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los pacientes del Hospital J. M. de los Ríos, y que en octubre cumplen ocho meses sin ser cumplidas por el gobierno, informó que la instancia interamericana manifestó inquietud por la situación de atención y alimentación expuesta durante la reunión privada, que se realiza en Colorado, y garantizó el seguimiento a las medidas que deben ser ejecutadas en beneficio de los niños. El representante del Estado venezolano, Larry Devoe, se comprometió a atender las necesidades del centro de salud y cumplir el cronograma de las exigencias del servicio. Entre ellas están: el mantenimiento del tanque de agua (que no se realiza desde enero) y el de equipos como la planta de osmosis, que lleva seis meses sin ser supervisada a pesar del peligro que representa para la salud de las personas con bacterias; también el suministro de reactivos y de áreas de laboratorio para poder asegurar el derecho a la salud y a la vida de los niños. “El cronograma de fechas de cumplimiento de medidas será publicado en dos semanas. Estaremos vigilantes, como siempre, para que el Estado cumpla”.


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