Frente a la reciente aparición en el mercado de algunos fármacos esenciales con costos muy superiores a los regulados, con la justificación de que son importados a precio de dólar libre, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional alertaron que la situación impide a la mayoría de la población tener acceso a estos medicamentos.
Las organizaciones indicaron que el gobierno no ha explicado por qué liberó la importación y venta de medicinas esenciales reguladas para unos pocos laboratorios, ni ha publicado “nuevas disposiciones o providencias que modifiquen el sistema de liquidación de divisas vigentes”, mediante el cual se importa la materia prima y los productos farmacéuticos elaborados, de manera protegida, a dólar preferencial según el Convenio Cambiario 35.
“El gobierno tampoco ha derogado y sustituido, hasta donde sepamos, las resoluciones conjuntas del Ministerio de Producción y Comercio, Salud, y Desarrollo Social, que regulan el precio de venta de medicamentos esenciales”, añadieron en un comunicado.
La Sociedad y la Red cuestionaron que medicamentos como antihipertensivos y antibióticos, que se consiguen entre 280 y 400 veces más caros, no vengan premarcados con el precio máximo de venta al público, lo que puede generar el aumento de la especulación.
“¿El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario ha cumplido con su responsabilidad de vigilar y monitorear el mercadeo y expendio regulado de estos productos?”, refiere el texto.
Recordaron que una situación similar ocurre actualmente con la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, sector para el que se supone también aplica el tipo de cambio Dipro de 10 bolívares por dólar.
Las asociaciones también alertaron que el mecanismo de distribución de medicamentos esenciales que planifica el gobierno, conocido como el CLAP Farmacéutico, viola las disposiciones de la Ley del Medicamento y de la Ley del Ejercicio del Farmacéutico, que buscan garantizar la calidad, inocuidad, almacenamiento, conservación, preservación, manipulación y el uso racional de los medicamentos, con apropiada orientación profesional.
Añadieron que este mecanismo “discrimina y excluye a personas, que no estén dispuestas a aceptar condiciones arbitrarias, requisitos ideológicos y políticos sobrevenidos, para el acceso universal de estos bienes esenciales y que discrecionalmente pueden ser privadas del ejercicio pleno del derecho a la salud”.