Sociedad

Un muerto y varios heridos por represión de protesta en Carúpano

Los diputados Robert Alcalá y Denncis Pazos denunciaron la violencia desmedida de la Policía Naval, lo que ocasionó la muerte de Argenis Serrano

Sucre

Foto: Cortesía Robert Alcalá

La comunidad enardecida arremetió contra un autobús del gobierno

Habitantes de Playa Grande protestaron el miércoles pasado por la crítica situación debido al desbordamiento de las aguas servidas que obligaron a cerrar la avenida principal. El colapso tiene ya tres meses. La comunidad también está afectada por el paludismo.

Los vecinos del sector, ubicado en las adyacencias de Carúpano, que colinda con el mar Caribe, fueron reprimidos por un contingente de la Policía Naval. En la acción murió Argenis Serrano, de 33 años de edad, trabajador de la construcción y fundador del equipo de fútbol de la zona. No estaba en la protesta, pero recibió el ataque de los cuerpos de seguridad cuando pasaba por el lugar. Presentó heridas de bala en la espalda y en el cuello. Asimismo varias personas resultaron con heridas de perdigón. “A una simple protesta le respondieron con plomo”, dijo Robert Alcalá, diputado a la Asamblea Nacional.

“El funcionario que disparó contra Serrano y le causó la muerte debe decir quién dio la orden a un contingente armado de ir a una manifestación pacífica de la comunidad. Los que dieron la orden son los autores intelectuales”, puntualizó Alcalá.

Denncis Pazos, también parlamentario, explicó que la gente se enteró de que el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, iba a estar cerca del lugar y se acercó a plantearle el problema. El mandatario delegó en la alcaldesa del municipio Bermúdez, Nircia Villegas, quien se presentó en el sitio, pero al parecer no fue bien recibida, lo que ocasionó la intervención de los cuerpos de seguridad.

En respuesta por lo acontecido, los vecinos quemaron las vallas en las que aparecían el gobernador y la alcaldesa, apedrearon un autobús del gobierno y le quebraron los vidrios y destruyeron un bulevar que fue construido recientemente.

La Troncal 9, principal carretera que comunica Playa Grande con Carúpano, permaneció cerrada hasta el miércoles en la noche.

Pazos repudió la acción de los cuerpos de seguridad y pidió que se abra una investigación para aclarar los hechos: “No puede ser que los militares repriman y maten a mansalva. Hay un clamor colectivo que exige una respuesta del gobernador y de la alcaldesa”.

El día después. Ayer hubo tensa calma en Playa Grande. Las piedras y palos todavía se veían en la avenida principal.

Los familiares de Serrano llegaron a la morgue para recoger el cadáver y darle sepultura. “Estaban muy afectados. Los hemos acompañado en estos momentos de dolor”, señaló Pazos.

Trabajadores del gobierno finalmente llegaron en la mañana a la comunidad para empezar los trabajos y reparar el bote de aguas servidas.

Los vecinos estaban enardecidos: “Ahora es que vienen para acá después de que nos echaron plomo; todo lo que pasó pudo haberse evitado”.


Investigará la Comisión de Política Interior

El diputado Robert Alcalá dijo que muchas cosas aún están sin aclarar sobre la intervención del contingente de la Fuerza Armada Nacional para reprimir una protesta pacífica. Afirmó que el caso será llevado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea para que se emprenda una investigación. “Ya conversamos con Delsa Solórzano para que se inicien las averiguaciones”.

El parlamentario subrayó que no es la primera vez que los cuerpos policiales ejecutan a un ciudadano en el estado Sucre, y luego no se establecen responsabilidades. Recordó el caso de Ricardo Campos, dirigente juvenil de Acción Democrática, asesinado presuntamente por dos policías en Cumaná el 30 de julio de 2017, y que aún no ha tenido la audiencia preliminar.

También refirió la represión de las protestas en El Cerezal, el 10 de junio de 2016, donde fue ultimado Luis Osmel Fuentes, de 21 años de edad, presuntamente a manos de guardias nacionales, y a la Masacre de El Porvenir, ocurrida el 11 de noviembre de 2016, donde mataron a nueve personas y están detenidos cinco funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, pero aún están libres los autores intelectuales.