Ante los miembros de la comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que organiza la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, los policías metropolitanos expusieron sus casos, caracterizados la denegación de justicia y la tortura en la que se han convertido los 16 años de prisión por delitos no cometidos.
Familiares de los policías metropolitanos estuvieron presentes junto a dos representantes de Bachelet durante este miércoles en Ramo Verde. Fueron acompañados por general Carlos Miguel Yánez Figueredo, director general del Servicio Penitenciario Militar, quien intentó evitar la comunicación con los reclusos.
Los funcionarios recorrieron varias áreas de la cárcel de Ramo Verde, pero a los privados de libertad los encerraron. Solo pudieron hablar con ellos, a través de las rejas de sus celdas, ubicadas en los pisos dos y cinco debido a su distribución.
Los familiares indicaron que los funcionarios de la antigua Policía Metropolitana, condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, expusieron a los funcionarios de la ONU la denegación de justicia que ha imperado en sus casos y que los mantiene tras las rejas, pese a ser beneficiarios de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que establece el Código Orgánico Procesal Penal.
El comisario Marco Hurtado y el cabo primero Arube Pérez, condenados a 16 años y ocho meses de prisión y a siete años y 10 meses respectivamente, tienen vencidas las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Ambos son beneficiarios de la medida de redención de la pena por estudio y trabajo, que conmuta un día de cárcel por cada dos días de estudio y trabajo.
De haberse aplicado ya deberían estar en libertad, por lo que actualmente están ilegalmente presos debido al silencio que ha operado en tribunales ante las reiteradas solicitudes de reconocimiento a este beneficio.
En los casos de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, cuyas condenas alcanzaron los 30 años, ya son beneficiaros de la medida de libertad condicional pero continúan a la espera de la implementación de la medida.
Los metropolitanos dejaron claro a los funcionarios que en sus casos ha privado la política. Los familiares detallaron como ellos narraron a los miembros de la ONU la respuesta de la jueza a una de las innumerables solicitudes de reconocimiento de los derechos procesales contemplados en la ley: «Cuando reciba una llamada de arriba los dejaré en libertad, mientras tanto no puedo hacer nada».
Las esperanzas de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, condenados a 30 años de prisión; así como de Marco Hurtado y Arube Pérez y de sus familiares están puestas en las diligencias que como alta comisionada de los Derechos Humanos pueda realizar Michelle Bachelet.
Con información de nota de prensa