Representantes de ONG coincidieron en que luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo, recrudeció la persecución política contra civiles y militares: hasta la fecha han sido detenidos arbitrariamente 30 ciudadanos.
El Foro Penal Venezolano indica que la cifra de presos políticos en el país subió a 357, casi 20 más que el número de reclusos que había antes de que Maduro prometiera las liberaciones. El 18 de mayo la ONG contó 338 encarcelados.
Cada vez que el mandatario llama al diálogo –como lo hizo en su discurso en Miraflores después de que el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de las presidenciales– se produce lo que el Foro Penal ha denominado “el efecto de puerta giratoria”.
Gonzalo Himiob, director de la ONG, afirmó que solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño, pero que han encarcelado a una cifra mayor de ciudadanos.
“No es la primera vez que el gobierno recurre a la estrategia de llamar a diálogo y de excarcelar algunos presos políticos para tratar de mostrar una imagen de generosidad. Esto encubre la intención de encarcelar a otras personas para mantener estable o en aumento el número de reclusos”, refirió.
El Foro Penal y el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla, que dirige la abogada Tamara Sujo, denunciaron la ola de persecución contra funcionarios activos de la Fuerza Armada y de su entorno familiar y de amistades.
Himiob informó que en mayo han contado 88 arrestos, de los cuales 26 son militares. El instituto Casla anota más de 40 oficiales detenidos en los últimos 15 días y 4 civiles desaparecidos, que forman parte del grupo familiar del coronel Oswaldo Garcia Palomo, entre ellas su esposa e hija de 21 años de edad.
El militar es acusado por el gobierno de traición a la patria, instigación a la rebelión y supuestamente vinculado a actos terroristas contra el Estado venezolano. Casla denuncia que detrás de las desapariciones están funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Sebin, Cicpc y la Brigada de Acciones Especiales.
Andrés Colmenares, director de Funpaz, indicó que las detenciones selectivas han sido una práctica constante del gobierno de Maduro y que existe un patrón de persecución peculiar que ponen en funcionamiento previo y luego de escenarios electorales.
“El gobierno alegando un supuesto golpe de Estado o insurrección busca detener a los familiares directos de los oficiales que pudieran estar incurso en los presuntos delitos”, agregó.
El Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla también denunció que los presos políticos son sometidos a torturas, que incluyen golpes y puntapiés en todo el cuerpo (en especial en el rostro), asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, laceraciones en manos y muñecas, colgamientos, entre otras.
En un comunicado exponen los casos de los médicos Williams Aguado, vinculado con Oscar Pérez, y José Marulanda, cirujano de manos detenido el 20 de mayo, quien sufrió golpes y descargas eléctricas que le causaron daños en las manos y el sistema auditivo.
En el olvido. A 12 días de las protestas en los calabozos de El Helicoide, abogados y familiares de los 46 presos políticos que permanecen allí, entre ellos 12 con boleta de excarcelación, no han recibido información oficial de sus parientes. Denunciaron que desconocen el estado físico de los reclusos, a quienes desde el viernes no les permiten el acceso de agua y comida.
«Esto es una violación a la defensa y de los derechos humanos de estas personas. Nosotros hemos dado toda la información necesaria para que se lleve a cabo la mesa técnica con los familiares y la Iglesia para el proceso», manifestó Omar Mora Tosta, abogado de un grupo de presos políticos de la sede del Sebin.
Siete detenidos en Margarita
Tras las manifestaciones que se registraron ayer en la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta, siete personas fueron detenidas por guardias nacionales que requisaron la unidad de transporte del recinto.
La Red Ciudadana de Defensores de Derechos Humanos en Nueva Esparta informó que los arrestados fueron llevados al Comando de la GNB de Los Cocos.
Señalaron que durante la represión tres personas resultaron heridas por inhalación de gases tóxicos y una por perdigones en el rostro. La ONG indicó que el uso de esas armas viola el artículo 68 de la Constitución, que prohíbe ese tipo de armamento para controlar protestas.
La red de defensores de derechos humanos añadió que los militares dispararon gas lacrimógeno y perdigones dentro del campus universitario e incluso amenazaron con activar las bombas lacrimógenas a la cara de la decana y profesores.