El Foro Penal Venezolano (FPV) confirmó este martes que en los últimos 15 días 35 personas se sumaron a la lista de presos por causas políticas en el país, por lo que el número total de privados ascendió a 144.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, presentó estos datos en el informe sobre la represión de las protestas entre el 4 y el 16 de abril en todo el país. En este periodo hubo 538 arrestos de ciudadanos, de los cuales 241 continúan detenidos y el resto fueron liberados o tienen medidas cautelares.
De los detenidos, 134 se registraron en el Área Metropolitana de Caracas; 88 en los Altos Mirandinos; 88 en Lara; 47 en Zulia; 47 en Carabobo, 32 en Mérida; 19 en Aragua; 18 en Táchira; 12 en Nueva Esparta; 10 en Portuguesa; 10 en Sucre; 8 en Bolívar; 6 en Anzoátegui; 5 en Monagas; 4 en Apure; 3 en Cojedes; 3 en el resto de Miranda; 2 en Trujillo, y 2 en Barinas.
Romero aseguró que 88 de los detenidos aún no han sido presentados en tribunales y, mientras esperan sus audiencias, se encuentran incomunicados y aislados.
El director de la organización denunció que algunas personas retenidas durante las manifestaciones fueron tratadas de “terroristas” por el lenguaje oficial del gobierno. Además, gran parte de los detenidos en Caracas fueron trasladados hasta la Dirección Anti Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A pesar de que estas irregularidades coinciden con el discurso de funcionarios del gobierno, estas personas no enfrentan cargos de este tipo.
En el informe también se registraron las irregularidades del trato de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra los manifestantes, con el abuso de las fuerza y el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos.
El enfrentamiento entre civiles y uniformados dejó el saldo de 5 fallecidos y múltiples heridos por impactos de perdigones y balas, según el recuento verificado por la organización. Destacaron el caso de un recién nacido afectado por la entrada de gases lacrimógenos en un centro de salud del municipio Baruta.
La organización hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que respalde las denuncias de tratos crueles por parte de los cuerpos de seguridad durante y después de las manifestaciones.