El Comité de Familiares de Presos Políticos solicitó a la Cruz Roja Internacional visitar los centros de reclusión en donde se mantienen a las 566 personas privadas de libertad por razones políticas para que puedan constatar el estado de salud de 19 de ellas. Las personas padecen de enfermedades que se han agravado durante la reclusión debido a que las autoridades ignoran las solicitudes.
“A nadie le importa el estado de salud de ellos. Simplemente nos dicen que los informes médicos están vencidos y que debemos esperar. Pasan los meses y años, las enfermedades se agravan y nosotros esperando”, manifestó Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa quien se encuentra detenido en la cárcel de Tocuyito, por presuntamente planificar actos terroristas en Caracas. En el caso también fueron implicados José Luis Santamaría, Efraín Ortega y Araminta González.
A esas cuatro personas el Ministerio Público les ha otorgado medidas humanitarias por las condiciones de salud. Da Costa es diabético, Santamaría sufre de artrosis, Ortega es hipertenso y González presenta complicaciones en su salud mental.
Pese a eso, se mantienen detenidas y sin que se realicen las audiencias, debido a que desde que fueron imputados en 2015 les han diferido los juicios. Incluso ayer, aplazaron la comparecencia. “Hoy Efraín estaba sangrando por la nariz, por que tenía tensión alta. No les importó. Cuando notificaron que habían diferido la audiencia lo devolvieron al penal sin brindarle atención médica”, denunció Da Costa.
Manifestó que los centros de reclusión no tienen servicio de enfermería y los que tienen el servicio no es el óptimo. Indicó que se les niega el acceso a la salud a sus familiares y mientras padecen las enfermedades deben someterse a procedimientos burocráticos en los tribunales con los fiscales que conocen del caso.
“Nosotros le pedimos a la Cruz Roja Internacional que nos ayude porque las instituciones del Estado están arrodilladas. Todos los funcionarios temen firmar un papel. Mientras los jueces esperan un examen médico vigente los presos políticos mueren”, sentenció.
El grupo de familiares realizó una cadena humana frente a la sede de la instancia médica internacional en Altamira como medida de protesta para exigir su intermediación ante la violación sistemática a sus derechos humanos.
No más muertes. “Es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la salud de todos los ciudadanos”, manifestó Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Señaló que el gobierno viola el artículo 43 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “al dejar en evidencia que en Venezuela se maltratan, torturan a los presos políticos”.
“Pedimos que atiendan los casos de los presos políticos que se encuentran en graves condiciones de salud. Enviamos una alerta internacional porque es responsabilidad del Estado proteger la vida de ellos”, dijo. Denunció que los centros donde están recluidos no cuentan con las condiciones adecuadas para detenciones. “No les garantizan sus derechos”, agregó.
Solicitó a las autoridades nacionales e internacionales atender los casos de las 19 personas privadas de libertad que padecen enfermedades, entre ellos, Gilber Caro, diputado y dirigente de Voluntad Popular, quien cumplió ayer ocho días en huelga de hambre y con la boca cocida.
Asimismo, intercedió por la atención médica urgente para Carlos Graffe, también dirigente de VP, quien corre el riesgo de perder un riñón en caso de que no sea intervenido quirúrgicamente para extraerle cuatro piedras que tiene en ese órgano.
EL DATO
Carmen Jiménez, esposa de Alfredo ramos, alcalde destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, informó que la semana pasada durante una gira por organismos internacionales solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que el dirigente opositor, que se encuentra recluido en el Helicoide y padece de hipertensión, pueda recibir atención médica.