La falta de atención médica a los presos políticos que padecen enfermedades y la mala alimentación a la que se los somete han generado desnutrición en muchos de ellos. Es el caso del general (r) de la GNB, Ramón Lozada, que en enero fue imputado por los delitos de supuesta traición a la patria e instigación a la rebelión militar, y que en los últimos tres meses ha perdido alrededor de 30 kilogramos de peso.
A las precarias condiciones de reclusión y la omisión de las instituciones encargadas de velar por la salud de los presos, se suma “una nueva medida de no permitirle a los presos políticos conocer su peso”, manifestó Yasnaia Villalobos, abogado del general, que a 50 días de cumplir un año preso le han diferido 8 veces la audiencia preliminar. La próxima está pautada para el 30 de noviembre.
Villalobos manifestó que desde el mes de agosto desconocía el peso de su defendido y que lo mismo se repitió con otros detenidos. Asegura que la política oficial posiblemente se debe a las insistentes denuncias que han hecho sobre el estado de salud de Lozada, quien padece una desnutrición severa, y de otros presos políticos a los que en la sede del Dgcim les niegan la entrada de la comida que les llevan los familiares y no se les suministra una dieta acorde con las condiciones de salud.
“El general es un hombre de 62 años de edad que ingresó con 75 kilos de peso y ahora su índice de masa corporal es de 14%. En los 302 días que tiene detenido, no ha habido una atención debida”, dijo la abogado. Informó que el lunes pasado Lozada fue trasladado al Hospital Vicente Salías de Fuerte Tiuna, pero no lo hospitalizaron, pese a que también padece de diabetes (tipo 2) e hipertensión.