“Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”, establece el artículo 50 de la Constitución que, de acuerdo con abogados y activistas por los derechos humanos, el gobierno de Nicolás Maduro violó al igual que el Estado de Derecho y el debido proceso, al desterrar al ex dirigente estudiantil de Mérida Villca Fernández. 

El destierro de los ciudadanos está prohibido en la Constitución y no está establecido en la normativa penal vigente. Los abogados advierten que esa práctica es característica de gobiernos totalitarios.

El caso más reciente es el de Fernández, quien denunció que el gobierno lo expulsó del país y lo obligó a exiliarse en Perú, donde nació su padre. Pero no es el único caso que tiene el gobierno de Maduro en cuanto a esta práctica, pues en 2016 la iniciaron con el extrañamiento de los dirigentes de Voluntad Popular Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, que fueron detenidos ese año y excarcelados con la condición de que debían irse del país.

Ana Leonor Acosta, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, indicó que el tribunal que lleva la causa de Fernández aún no ha establecido las medidas restrictivas de la excarcelación, pero que esta se llevó a cabo por la exigencia de la asamblea nacional constituyente a sus familiares, de conseguir un boleto hasta Lima; por tal razón, fue sacado del Sebin –donde permaneció dos años y cinco meses– un día después de que se dieron las últimas liberaciones. “No hubo excarcelación; acá estamos ante una situación de rehenes”, aseguró.

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, negó esa acusación y aseguró que fueron los familiares y abogados de Fernández quienes solicitaron su salida del país hacia Lima. “Preferían que se acelerara el proceso, porque la persona tiene nacionalidad peruana y quería irse a ese país; sin embargo, nunca fue una condición que se fuera de Venezuela”, indicó. No obstante, el propio Fernández declaró que fue sacado de los calabozos de El Helicoide, escoltado por el Sebin hasta el avión que lo llevó a la capital peruana. No recibió atención médica ni pudo ver al resto de su familia que se encuentra en Venezuela. 

Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que el destierro de un ciudadano es una violación de las normas nacionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Explicó que en el caso de Fernández hubo un juzgamiento contrario al Estado de Derecho y a los derechos humanos porque, considera, que no cometió delito y la medida la ordena un órgano (la ANC) inexistente en las normas constitucionales. “Toda persona tiene derecho a un juicio, a vivir en el país, incluso, con una sentencia que lo condene a una pena determinada, pero esta vez no ocurrió eso; realmente es una situación muy grave”, expresó.

Acosta precisó que el destierro viola los derechos a la identidad, a la ciudadanía, y al ejercicio de los derechos civiles y políticos. “Esto sucede porque el gobierno le tiene miedo a los jóvenes, al pensamiento y porque sabe que estas personas son agentes de cambio. Simplemente los eliminan”, agregó.

“La Constitución vigente prohíbe expresamente el extrañamiento. Hay una violación a una tutela judicial efectiva, porque no hubo ningún juicio; es decir, fue una sanción sin juicio”, afirmó Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. Indicó que la ANC no tiene facultades de juzgar y dictar medidas restrictivas de libertad. Dijo que con Fernández hubo una violación flagrante a la presunción de inocencia y además, negación total del derecho y denegación de justicia, pues no tuvo derecho a la defensa. 


Perú exigió liberación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú exigió al gobierno de Maduro la libertad de todos los presos políticos y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.

En un comunicado de prensa informó que el Consulado de Perú en Caracas fue el encargado de asistir y coordinar el “traslado inmediato” de Fernández, que llegó ayer a Lima luego de ser sacado de la sede del Sebin en El Helicoide, y fue recibido por un grupo de venezolanos en el aeropuerto. 

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, señaló que entre el 1° y el 14 de junio han sido excarcelados 69 presos políticos del total anunciado a poner detrás de las rejas. La cifra que maneja la Coalición por los Derechos Humanos la Democracia es de 71 personas. En el grupo de Fernández fueron 18 los excarcelados. “Nadie sabe cuáles fueron los criterios que utilizó el gobierno para proceder a estas excarcelaciones”, dijo.


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