José Luis Santamaría, preso político detenido el 24 de julio de 2014, fue aislado ilegalmente por 17 días luego de haber intervenido en una discusión ocurrida en el patio de la cárcel Rodeo II. También le suspendieron una visita, beneficio que solo puede disfrutar una vez al mes.
“Voy a poner hoy una denuncia en el Ministerio Público. Más de 17 días en aislamiento viola el Código Orgánico (Procesal Penal), que establece que le correspondía cuando mucho una sanción, pero le colocaron dos al eliminar la visita del mes anterior. Además, el aislamiento debe ser de entre 7 y 15 días”, indicó Mónica Santamaría, hermana de José Luis.
Aseguró que estas medidas provocaron que él se enfermara más: ha estado padeciendo una anomalía en la piel que, al parecer, es un hongo; este se agravó luego del aislamiento, pues en el sitio donde estuvo apartado no había posibilidad de bañarse. “Lo más justo y más humano es que lo vea un médico”.
El castigo provino, más allá de la discusión, por una represalia. Hay una funcionaria de custodia que está en contra de él, así que aprovechó el altercado para aplicarle la sanción. “Ella dijo que era una orden que venía de Caracas”, relató Santamaría.
Señaló que la situación con la guardia de la prisión tiene precedentes. Al llegar a Rodeo II (antes trabajaba en el INOF) le dijo a José Luis: “Araminta (González) se me salvó, pero tú no”.
Santamaría solicitó en dos oportunidades hablar con el director de la prisión, para explicarle la ilegalidad de la medida, pero nunca la atendió. “El día en que insistí me mandó a decir con un custodio que ellos (los presos) tienen que resolver las cosas a su manera”.
Asimismo denunció que en el centro de reclusión hacen constantes requisas en las que despojan a los reos de productos personales.
“Les quitan cosas supuestamente prohibidas. También les decomisan pertenencias; se les pierden las medicinas”.
Preso con sobreseimiento
A Santamaría, de 45 años de edad, lo detuvieron en una ferretería ubicada en San Martín unos sujetos que no se identificaron. Le pidieron que no se resistiera porque estaba arrestado. De allí lo bajaron al estacionamiento, de donde se lo llevaron en una camioneta blanca.
La razón que ha alegado el gobierno es que supuestamente iba a llevar a cabo actos terroristas en Caracas, lo que no ha sido comprobado.
Incluso, dicho delito fue sobreseído; sin embargo, le imputaron los crímenes de asociación para delinquir y fabricación ilícita de explosivos.
Después de 20 diferimientos, en diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia preliminar, pero de igual modo en más de tres años ni siquiera se le ha abierto el juicio.
“Todas las audiencias son de manera sistemática diferidas de un mes a otro”, dijo.
Indicó que las razones son la inasistencia del Ministerio Público y, de forma más recurrente, la falta de traslado.
Sobre el segundo motivo explicó que en el caso de su hermano fueron implicados otros presos políticos: Vasco Da Costa, Efraín Ortega y Araminta González. “Cuando alguno de esos imputados no es trasladado la audiencia es diferida. Y eso es lo que ha ido pasando cada mes”.