Luego de 88 días en prisión, tiempo en el cual fueron sometidos a condiciones inhumanas de reclusión, al aislamiento y expuestos a enfermedades como paludismo y tuberculosis, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay detenidos el pasado 2 de julio y sus familiares tuvieron la esperanza de que regresarían a casa después de la decisión del juez militar Quinto de Control de Aragua, Edgar Volcanes, que declaró la libertad de los 27 jóvenes.
El 27 de septiembre, luego de una extensa audiencia de seis horas, que comenzó a las 3:00 pm, los abogados y familiares esperaban con alegría a sus parientes que fueron detenidos en un procedimiento de encapuchados sin identificación, que violaron la autonomía universitaria para golpearlos y arrestarlos.
Sin embargo, la voz de un alguacil del juzgado castrense en la Comandancia de Policía de Aragua, donde se instaló el tribunal itinerante para el juicio, trajo de nuevo la angustia y preocupación. “A las 10:00 de la noche nos informaron que no iban a entregar a los estudiantes porque Poliaragua recibió órdenes de su superior. Se burlaron del juez Volcanes, que no tuvo la fuerza de hacer cumplir su decisión. Le faltó coraje para sacar a los estudiantes de la comandancia”, manifestó Zuleima Siso, abogado miembro de la defensa.
Los 27 universitarios esa noche durmieron otra vez en un centro penitenciario pese a tener boletas de excarcelación firmadas por el juez militar, quien después de más de 80 días de prisión se declaró incompetente sobre el caso y lo declinó en un tribunal ordinario. “Otro día en el limbo jurídico”, señaló Siso.
“Lo más grave es que la Fiscalía nunca quiso investigar nada a pesar de que consignamos fotos y evidencias. Tampoco dieron respuestas a las solicitudes de revisión de medidas. Ninguno de los recursos que metimos fue admitido. A los estudiantes les violaron su derecho a la presunción de inocencia”, manifestó uno de los abogados miembro de la defensa.
Fraude jurídico
Al día siguiente los familiares y abogados se apostaron a las puertas del Palacio de Justicia de la entidad a esperar que los jóvenes llegaran para someterse a otra audiencia, esta vez en el Tribunal Noveno de Control de Aragua, a cargo del juez Israel Paredes.
“Pasadas las 5:00 pm comienza el abuso jurídico. El tribunal se declara competente y el juez inicia la audiencia de presentación de imputados por el delito de flagrancia, olvidando los 88 días privados de libertad. Como si la detención hubiese ocurrido el día 27 de septiembre”, manifestó Siso.
El tribunal anuló todas las decisiones del juez militar y luego de seis horas de audiencia, el juez Israel Paredes imputó los delitos de instigación pública, daños violentos, tráfico de municiones y porte de objetos incendiarios.
“Al final de esta barbarie jurídica, el juez Paredes cumplió las órdenes del gobierno y otorgó medida cautelar a 22 jóvenes y dictó privativa de libertad a 5 inocentes”, expresó Siso. A los 22 excarcelados les fue dictada prohibición de salida del país y presentación cada 8 días.
Brigitte Herrada, de 28 años de edad, profesora de Educación Especial y estudiante de postgrado en la UPEL, fue enviada a la Comisaría de Poliaragua “El Cuartelito”, pese a que tenía medida de sustitutiva de privación de libertad. Kenny Colmenares y Mitchell Sosa, ambos atletas de alto rendimiento y estudiantes de la carrera de Educación Física, fueron enviados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros. Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL, y Boris Quiñones, estudiante de Medicina, fueron trasladados al centro penitenciario de Tocuyito.
“88 días encarcelados en centros penitenciarios comunes es un castigo demasiado grave para unos estudiantes universitarios. Aquí hay delincuentes que cometen cualquier barbaridad de delitos y no son castigados como sí ocurrió con estos jóvenes. Aquí se cometió un fraude jurídico. Si el gobierno los quería castigar, ellos ya habían pagado su pena”, manifestó la abogado.
De los cinco jóvenes, tres son dirigentes estudiantiles de la UPEL. Todos deben esperar que la Fiscalía desarrolle la investigación y presentarse en otra audiencia ante el juez.