Por cuadragésima cuarta vez fue diferida la audiencia preliminar de Lorent Saleh y Gabriel Vallés, que fueron entregados al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en 2014, por el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2011 ambos fueron acusados de “divulgación de información falsa que causa zozobra”.
El abogado que lleva el caso, Juan Luis González, informó que en esta oportunidad el cambio del día de la comparecencia se debió a que en el Tribunal Sexto de Control de Caracas –donde reposa el expediente– no hubo despacho ayer, pese a que el juez de esa instancia, Edecio Velásquez había fijado la fecha.
“Iniciamos el año con otra violación de los derechos humanos. Mañana –hoy– se cumplen tres años y cuatro meses de esta injusticia y aún sin la preliminar”, expresó Yamile Saleh, madre de Lorent, quien se encuentra detenido desde hace más de un año en El Helicoide y no ha tenido ni la primera audiencia del juicio.
González indicó que el tribunal empieza a trabajar el 8 de enero. Denunció que los aplazamientos se deben a que no se realizan los traslados que deben hacer los custodios del Sebin, o que la corte no abre sus puertas, reseñó EFE.
“Esto es una crueldad lo que comete el gobierno, simplemente porque no hay pruebas para acusarlo. Lo tienen secuestrado”, expresó Yamile Saleh. Responsabilizó a Santos –quien entregó al Sebin a los dos jóvenes– de las torturas que han recibido en la cárcel.
Denunció que su hijo no ha recibido atención médica, pese a su estado de salud que originó que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera su atención hospitalaria urgente; sin embargo, hasta ahora no se ha cumplido.
Persecución continúa. El Foro Penal contabiliza 214 presos políticos, de los cuales 4 tienen boleta de excarcelación. Gonzalo Himiob, director de la ONG, indicó que en el país hay 7.174 personas con libertad bajo medidas cautelares.
Explicó que el gobierno liberó en diciembre solo a 48 presos políticos, entre ellos, a 14 que tenían libertad solicitada por un juez. “No se trata de libertades plenas, sino condicionadas. La persecución no ha cesado, solo ha cambiado de forma”, manifestó.
Himiob aseguró que las recientes excarcelaciones no se deben a resultados del diálogo entre el gobierno y la oposición, sino que responden al alto costo que los presos políticos representan para el gobierno. “Son iguales a las que se originaron en diciembre de 2016, que tampoco tuvieron que ver con el diálogo”, expresó.