Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), las torturas y violaciones perpetradas por funcionarios de las fuerzas del gobierno venezolano en contra de 289 personas, fueran manifestantes o ciudadanos adversos a sus políticas.
Entre los casos más resaltantes hay detenidos durante las protestas que denunciaron que fueron agredidos sexualmente, a otros les obligaron a comer excremento y algunos fueron sometidos a descargas eléctricas.
De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.
Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales. En los casos de agresión sexual se incluyen las violaciones con rolos o incluso con armas de fuego.
Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por “torturas blancas”, que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.
“No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama ‘La Tumba’ que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche”, agregó.
Los cuerpos del Estado responsables por lo ocurrido son la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y la Policía Nacional Bolivariana, según detalló la defensora de los derechos humanos.
Gráfico mostrado por el Instituto Casla