Política

Denuncian que el gobierno mantiene secuestrado al diputado Gilber Caro

Familiares de presos políticos exigen respeto de los derechos humanos de quienes permanecen incomunicados, sin que se dé información sobre su paradero

Giber Caro

Gilber Caro fue trasladado de la cárcel 26 de Julio, en Carabobo, a la Fénix, en Lara | Foto: referencial

Por RAFAEL LEÓN | raleon@el-nacional.com

Días de angustia y zozobra viven los familiares de los presos políticos a quienes no les han permitido la visita de abogados y allegados para constatar su estado físico y de salud. Solo conocen de ellos a través de emisarios de las mismas cárceles y de llamadas telefónicas, pero estas pudieran ser bajo coacción, afirman.

El diputado Gilber Caro fue detenido el 11 de enero del 2017 por presuntamente planificar acciones “terroristas”. Sus familiares denunciaron que se encuentra desaparecido desde el viernes 2 de marzo en la madrugada, cuando les informaron extraoficialmente que era trasladado de la cárcel 26 de Julio, en Carabobo, a la penitenciaria Fénix, en Lara, pero en ese lugar no les han permitido constatar que el dirigente de Voluntad Popular se encuentre allí.

Ante el silencio del gobierno frente a los reclamos de abogados y familiares, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó el lunes que el traslado de esa manera constituye una desaparición forzada, según el derecho internacional. Asimismo, exigió a las autoridades venezolanas información certera del diputado, que goza de inmunidad parlamentaria.

Ese día, luego de permanecer más de ocho horas en las inmediaciones del penal exigiendo ver al parlamentario, familiares recibieron una llamada en la que este confirmó que se encontraba en esa cárcel. “Esa llamada no tiene ninguna validez; no sabemos si está llamando de ese centro de reclusión o si habló bajo control y coacción”, manifestó Ramón Carmona, uno de los abogados de la defensa. Afirmó que ese tipo de procedimientos viola el artículo 49 de la Constitución y constituye delito de lesa humanidad.

Desmintió la versión oficial de que el diputado había intentado fugarse e indicó que según el director de la cárcel 26 de Julio, Ronald Zapata, en ese lugar no se había habido conato de fuga, sino que se trataba del traslado de algunos reclusos, cuyo destino desconocía.

La juez que lleva el caso, Luz Mariela Santander, del Tribunal Militar Sexto de Control, tampoco conocía del cambio de sitio de reclusión ni lo había solicitado.

“Denunciamos la desaparición forzosa del diputado, está secuestrado por el gobierno”, manifestó Carmona. Señaló que a su defendido le han violando los derechos humanos y procesales.

El diputado está enfermo y requiere atención médica, por lo cual su defensa exige a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que le permita constatar su estado de salud.

Angustia y temor. Familiares de Boris Quiñones, que fue detenido el 2 de julio de 2017 y se encuentra en el centro de formación para el Hombre Nuevo El Libertador, en Tocuyito, exigieron medida humanitaria para el enfermero que prestaba ayuda a heridos en las protestas en Maracay. Quiñones, de 42 años de edad, ha padecido 5 crisis hipertensivas y ha atentado contra su vida en 2 oportunidades en los últimos 15 días.

“Desde hace tres meses los abogados han solicitado al juez que lleva la causa una revisión clínica, pero no han prestado atención”, expresó un pariente de Quiñones, quien ante la amenaza de imputarle nuevos cargos en la audiencia preliminar del 1 de marzo –que fue suspendida– atentó contra su vida.

“No sé nada de él desde el 3 de marzo, cuando me llamó y me dijo que estaba bien, pero el jueves de la semana pasada ingirió cloro y el lunes uno de sus compañeros de celda lo encontró ahorcándose”, expresó su esposa, quien pide que le permitan constatar su estado de salud, pues conocen del último incidente a través de familiares de otros reos y no por autoridades de la cárcel. “Pido, por favor, que le den una medida cautelar para que reciba tratamiento médico adecuado en su casa”, agregó.

Derechos en el olvido. Ramona Rangel, madre de Juan Pedro Lares, de 23 años de edad, denunció la desaparición forzada de su hijo, quien fue detenido el 30 de julio del año pasado y hasta la fecha no ha sido presentado en tribunales, pese a que las leyes establecen lapso de 48 horas para que el juez conozca la causa.

“Es una detención forzosa por la forma en que ocurrió y porque no ha habido información oficial sobre él; ni siquiera aparece en la lista de los detenidos y tampoco ha sido presentado ante un juez”, expresó Rangel.

Y añadió: “Él es inocente, se les han violado todos sus derechos; su único delito es ser hijo de un alcalde opositor”.

Indicó que al  joven, que se encuentra en El Helicoide, solo lo ha visto en cuatro oportunidades gracias a gestiones de la Cancillería de Colombia, por tener nacionalidad de ese país.

Señaló  que en noviembre el Ministerio Público asignó un juez para el caso que solicitó al Sebin información sobre la detención, pero ese organismo ignoró el documento.

Un mes aislado en la Tumba

Familiares del general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, y del capitán Juan Caguaripano, denunciaron que ambos presos políticos se encuentran desde hace más de un mes aislados en la Tumba, calabozo que se encuentra cuatro pisos por debajo de la superficie en el Sebin de Plaza Venezuela.

Andreína Baduel, manifestó que su padre cumplió cinco semanas aislado e incomunicado y que sufre “constante tortura blanca”. Aseveró que el militar no es expuesto a la luz solar ni tiene esparcimiento, tampoco interacción. “No sabe ni qué hora es”, señaló.

Irene Olazo, esposa del capitán Caguaripano, detenido el 11 de agosto del año pasado, manifestó que teme por la vida del preso, que ayer cumplió 32 días incomunicado. Exigió a las autoridades que le permitan la visita para conocer su estado de salud.

EL DATO

Mariela Hernández, defensora de los derechos humanos y presidente de Human Right Venezuela, denunció que teme por su vida y la de su familia tras amenazas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de consignar una serie de pruebas en la OEA que presuntamente sustentan que a Oscar Pérez lo sacaron con vida en la residencia donde se refugiaba y que minutos después fue asesinado. Aseguró que el gobierno también dio la orden de arremeter contra la diputada Marilyn Martinó, el activista Gustavo Laneitte y el periodista Daniel Ríos.