Al cumplirse un año de las protestas antigubernamentales que se originaron porque el Tribunal Supremo de Justicia asumió las competencias de la Asamblea Nacional mediante dos sentencias, en Venezuela ha aumentado la impunidad y la violación a los derechos humanos debido a los fallecidos, heridos y detenidos de forma arbitraria que se registraron durante los cuatro meses de manifestaciones, según ONG y abogados.
Laura Louzza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró que en el país no se puede hablar de respeto a los derechos humanos porque el sistema judicial está viciado y responde a una parcialidad política, y quedó demostrado en más de los 120 días de reclamos y exigencias al Ejecutivo, en los cuales los funcionarios reprimieron e irrespetaron la Constitución.
“¿Cómo hay derechos si la represión está dirigida al ciudadano y no al delincuente?, ¿si no hay tribunales que defiendan a la víctima, si no se puede hablar, ni tampoco exigir elecciones?”, preguntó la abogado.
“La justicia no ha sido efectiva en relación con las protestas; esto permite concluir que la impunidad es la referencia más importante”, dijo Alonso Medina Roa, abogado penal.
Hasta el 31 de julio del año pasado, en la gestión de Luisa Ortega Díaz como fiscal general se tenían contabilizados 121 personas fallecidas, 1.958 heridos y más de 5.000 detenidos. Después de que la asamblea nacional constituyente designó a Tarek William Saab como titular de la acción penal, este registro se paralizó.
De la cifra de detenciones se procesaron 786 por justicia militar de los cuales permanecen detenidos 121, de acuerdo con los datos del Foro Penal Venezolano.
Alí Daniels, también director de Acceso a la Justicia, destacó que en la mayoría de los casos se les acusó de asalto al centinela, cuando eran los guardias nacionales los que salían a las calles a reprimir con gases lacrimógenos y perdigones. “Cuando se imputa por ese delito quiere decir que un militar atacó a otro que estaba custodiando de forma pasiva, lo cual aquí no sucedió porque los funcionarios de los cuarteles iban a las calles, que son espacios civiles”, detalló.
“90% de los casos que se procesaron en la corte marcial ha sido declinado a los tribunales civiles y recibieron medidas cautelares de presentación”, expuso Medina Roa.
Mientras que la ONG Movimiento Vinotinto aportó que los jueces obligaron a los ciudadanos a admitir su culpabilidad en las protestas para otorgarles la libertad con régimen de presentación de 15 o 30 días. Manuel Vírgüez, coordinador de la organización, aseguró que de los 380 que documentaron atendieron 50 casos en el Distrito Capital, Zulia y Táchira.
Otros casos. Medina Roa asegura que el Estado actúa con complicidad en los casos en los que sus mismos funcionarios de seguridad están involucrados. Resaltó que han sido pocas las causas finalizadas.
“Las denuncias sobre las muertes de sus seres queridos, tratos crueles e inhumanos y torturas no han tenido respuesta contundente ni los responsables han rendido cuentas”, aseveró.
De los casos de los fallecidos, el Movimiento Vinotinto atendió cinco de los cuales en solo uno el Estado actuó con prontitud y apresó al responsable. Fue el de la profesora Yaneth Angulo, quien recibió un disparo en la cabeza el 11 de julio cuando protestaba en el Tocuyo, estado Lara.
Vírgüez precisó que hay 2 casos en Lara en los que aún no hay justicia: en el de Tony Canelón y en el de Manuel Sosa. Por el asesinato de Canelón son responsables 14 funcionarios de la GNB que están libres, pese a que cuentan con orden de captura.
El responsable por la muerte de Sosa fue imputado por la Fiscalía durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, pero el Estado decidió ascenderlo de teniente a capitán.