Desde que la asamblea nacional constituyente (ANC) destituyó a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República y designó ilegalmente en ese puesto a Tarek William Saab, en ese entonces defensor del Pueblo, Venezuela quedó acéfala de justicia.
Zair Mundaray, director de Actuación Procesal y tercero en la cadena de mando del Ministerio Público (MP), alertó que la institución sufrió modificaciones notorias. “La Fiscalía se plagó de personas que no manejan la materia penal”, denunció en declaraciones a El Nacional Web.
En la campaña previa a las elecciones de la ANC, el gobierno amenazó con «voltear la Fiscalía», y poco después de que Saab asumiera el cargo, la advertencia comenzó a materializarse con al menos una docena de cambios en distintos departamentos de la institución, como se plasmó en la Gaceta Oficial 41.225, publicada el 30 de agosto.
Más allá de cambios en los fiscales, Mundaray sostuvo que con la destitución de Ortega Díaz, el gobierno de Nicolás Maduro buscó frenar las investigaciones independientes que venía ejerciendo el MP, dañando la naturaleza de la institución.
“No hay Ministerio Público en Venezuela: si la Fiscalía no es independiente en el ejercicio de sus funciones; no puede ser catalogada como tal”, acotó.
La propia fiscal general —que goza del reconocimiento de la comunidad internacional— aclaró que su punto de quiebre con Maduro se produjo el 31 de marzo, con las sentencias 155 y 156 del TSJ, que disolvieron al Parlamento para que los magistrados asumieran sus competencias, contó a NTN24.
Aquella disyuntiva dio origen a las protestas que sacudieron a Venezuela entre abril y julio, dejando un saldo de más de 120 muertos, 5.000 detenidos y 2.000 heridos según cifras de la Fiscalía y ONG como Foro Penal Venezolano.
Mientras transcurrieron esas semanas, varios fueron los casos en los que no coincidieron los informes del MP y las versiones del gobierno, como sucedió con la muerte de Juan Pablo Pernalete, quien perdió la vida el 26 de abril en medio de disturbios en Altamira.
Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, sostuvo que a Pernalete le dispararon con una pistola de perno en ausencia de cuerpos de seguridad del Estado, pero Ortega Díaz, al contrario, oficializó que los resultados de las pruebas realizadas por los expertos del MP arrojaban que al muchacho lo asesinó una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana. .
A ese tipo de situaciones, la Fiscalía tuvo que sumar el hecho de que tribunales militares comenzaran a ajusticiar a ciudadanos civiles detenidos en el contexto de las manifestaciones, a pesar de que la Constitución, especifica en su artículo 261 que sus competencias se limitan a delitos de esa naturaleza.
“La justicia militar fue respuesta ante la imposibilidad de controlar al MP, que dio muestras de independencia”, aseveró Mundaray.
Añadió que intentaron acciones que quedaron sin respuesta de los tribunales, afectando su labor. “Ahora están intentando acciones idénticas que ojalá procedan, pues además de que corresponden, se demostrará que siempre tuvimos razón”.
Por ello se afincó en que “en Venezuela no hay justicia ni quien la procure, por lo que el Estado queda desdibujado”, explicó.
¿Qué hacer ante la injusticia?
Frente a la carencia de instituciones y justicia en Venezuela, Mundaray exhortó a los ciudadanos a agruparse y poder presionar al gobierno.
“La gente debe organizarse en función de la defensa de grandes temas: universidades tienen que pelear por su autonomía; las ONG por sus labores; el Colegio Nacional de Periodistas por libertad de expresión, y así conseguir hacer resistencia”, recomendó.
Recalcó la importancia de visibilizar las fallas en las instituciones para hacer correctivos y dejar constancia de quiénes son los responsables de la crisis.Y advirtió que la omisión de los funcionarios ante estas irregularidades