La violencia física, el amedrentamiento policial y militar, la indefensión jurídica, el control estatal y la crisis económica se han combinado para provocar la desaparición sistemática de los medios de comunicación en Venezuela, denunció el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Medellín, Colombia.
Otero, a quien correspondió presentar el informe semestral sobre la libertad de expresión y prensa en Venezuela, dijo que la extinción de los medios se manifiesta en el cierre de radios y televisoras y, sobre todo, en el cese de circulación de medios impresos.
Nueve periódicos regionales (El Mío, Tal Cual, La Nación, El Oriental, El Tiempo, El Impulso, El Informador, La Prensa y Versión Final) dejaron de publicarse recientemente por falta de papel y otros insumos, refirió MHO. “La empresa estatal Corporación Alfredo Maneiro, que tiene el monopolio de la venta y distribución de papel periódico, sigue siendo utilizada como arma de discriminación para castigar a la prensa”.
La falta de papel ha afectado incluso a medios oficialistas. Destacó que nadie sabe qué hace la corporación estatal con un presupuesto asignado de 579 millones de dólares, que equivalen a 800.000 toneladas de papel. “¿Adónde van las divisas? Nadie lo sabe, las cifras son opacas”, agregó.
De acuerdo con IPYS-Venezuela, desde agosto de 2013 hasta febrero de 2018 han dejado de circular 35 diarios en el país. De esta cifra, 18 periódicos dejaron de imprimirse definitivamente y 16 suspendieron temporalmente sus ediciones en papel.
En el informe se indica que 46 estaciones de radio y 3 televisoras cerraron “como resultado de la crisis económica, la falta de publicidad y de la asfixia gubernamental ensañada contra medios críticos e independientes”.
Violencia contra periodistas. MHO afirmó que en Venezuela “todos los indicadores sobre libertad de prensa muestran un deterioro alarmante” y que ejercer el periodismo es cada día más peligroso, incluso para los corresponsales extranjeros.
El informe, presentado por Otero ante representantes de medios de comunicación del hemisferio, señala que “la violencia es una política de Estado, un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular, la Guardia Nacional, a las que se suman el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Inteligencia Militar, las Fuerzas de Acción Especial, la Policía Nacional Bolivariana, y otros cuerpos policiales y grupos de paramilitares y bandas de delincuentes”.
Agrega que “varios delincuentes han sido identificados, fotografiados o filmados. El nivel de protección del gobierno es tan alto que el 26 de febrero una de estas facciones desfiló en Caracas con armas de alto calibre, y ninguna autoridad reaccionó”.
Enfatiza que “están utilizando tribunales militares para encarcelar y enjuiciar a civiles, incluso a periodistas y ciudadanos. En la esfera militar los procesados ingresan en un túnel de desinformación, abusos, desconocimiento de los procesos y aislamiento”, y aseguró que el Poder Judicial no reconoce el derecho de ejercer el periodismo, no castiga a los responsables de la violencia contra medios y reporteros.
“Los uniformados amenazan, amedrentan, golpean, roban y detienen a los periodistas por cualquier circunstancia. Los obligan a borrar fotografías, videos o audios y les roban los celulares, cámaras de video o fotográficas y grabadores de audio”, subrayó Otero.
En el informe se enumeraron los casos de agresión y amedrentamiento contra medios y trabajadores en el último semestre. También llamó la atención sobre la decisión de la asamblea nacional constituyente de disolver el Poder Legislativo electo y aprobar por unanimidad la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, un estatuto de 25 artículos que castiga con penas de hasta 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
Cuestionó que, con conceptos ambiguos, la nueva ley considere penalidades contra los medios que transmitan propaganda y contra partidos que promuevan “el fascismo”.
MHO también habló de la situación política y social del país. Resumió así: “Venezuela vive una situación terrible. Con la emigración de 3,5 millones de personas, un fenómeno en crecimiento, que lleva a 35.000 seres humanos a cruzar diariamente la frontera con Colombia. Hay 300 presos políticos, 5 veces más de los que hay en Cuba y 92 militares detenidos y acusados de conspirar. El acoso y los atropellos son permanentes, mientras el gobierno se prepara para realizar unas elecciones condenadas en el mundo entero, en las que los candidatos de oposición con más popularidad están presos o inhabilitados”.
“Perdimos la libertad de expresión”
La fiscal Luisa Ortega Díaz es una de las invitadas especiales a la reunión de medio año de la SIP. Hoy será parte del panel que tratará el tema “La dictadura venezolana cercada por la crisis humanitaria”, que será moderado por Asdrúbal Aguiar, del Diario Las Américas de Miami, y en el que se espera la participación, por videoconferencia, de María Corina Machado.
“La libertad de expresarse es otro de los derechos que hemos perdido los venezolanos, porque aquella persona que dice, por ejemplo, que no hay medicamentos en un hospital se considera terrorista, que está atentando contra la patria y debe ser perseguida”, declaró Ortega en una visita que hizo ayer a la asamblea de la SIP que se realiza en Medellín.
Ortega envió un mensaje de esperanza a los venezolanos y los exhortó a que no pierdan la fe de que “se acabe la tragedia que se está viviendo”. Corresponde a la Asamblea Nacional enjuiciar a Nicolás Maduro por corrupción, “por recibir 35 millones de dólares de Odebrecht”.
Consideró que los señalamientos en su contra por parte del narcotraficante Walid Makled muestran la complicidad del gobierno con el tráfico de drogas, y alertó que el mismo régimen está esperando la extradición de Colombia a Venezuela de Joel Palmar, acusado de narcotráfico, para ponerlo a declarar en su contra.