El Índice de Estado de Derecho 2017-2018, publicado por el World Justice Project, ubicó a Venezuela otra vez en el último lugar en el mundo y en la región. El estudio midió el desempeño de 113 países, utilizando como base los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Por encima de Venezuela, se encuentran Camboya y Afganistán, mientras que los primeros lugares fueron ocupados por Dinamarca, Noruega y Finlandia. La organización señala que en los factores de aplicación a la normativa, justicia penal y restricciones a los poderes del gobierno, Venezuela ocupa el último lugar en la región y en justicia civil está en el penúltimo lugar de los 113 países evaluados.

En gobierno abierto, orden y seguridad se ubica en la posición 110 del ranking; en derechos fundamentales, en el lugar 105, y en ausencia de la corrupción, en el 103. El mejor de América Latina y el Caribe es Uruguay y se encuentra en el puesto 22 de los 113.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, destacó que para cumplir con el Estado de Derecho debe existir separación de poderes, independencia judicial, principio de legalidad y respeto a los derechos humanos, porque las consecuencias de que ello no ocurra son el aumento de la criminalidad, la impunidad y la corrupción, como lo certifica el índice.

Considera que en Venezuela hay una confusión de poderes y la independencia del Judicial está comprometida, porque cuando se trata de una solicitud complaciente al gobierno la respuesta llega en promedio en 20 días, de lo contrario puede tardarse entre 3 y 5 años.

La abogada precisó que el principio de legalidad es usado a conveniencia y los cambios a las normas no son de acuerdo con los tratados y la Constitución de la República. “Por métodos incorrectos como la constituyente, por ejemplo, no se puede lograr el efecto que el derecho busca que es la paz”.

Para la investigación se utilizaron más de 110.000 encuestas en hogares y 3.000 a expertos, que registraron un deterioro en el cumplimiento de los derechos fundamentales, específicamente en 71 países. “Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad a la privacidad y libertad de asociación”, refleja el índice.


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