En las gavetas del olvido del Ministerio Público se encuentran decenas de denuncias de habitantes de comunidades donde organismos de seguridad del Estado, y grupos de civiles armados, atacaron y vulneraron la propiedad privada en allanamientos sin orden judicial durante las manifestaciones de 2017.
Representantes de ONG y habitantes de los complejos residenciales atacados indicaron que la actuación de los organismos de justicia ha sido nula.
De acuerdo con sus registros, ningún caso ha tenido avance luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz fue destituida por la ANC.
Un año después de las protestas las investigaciones no han sido concluidas, por lo que la justicia no ha dado con los responsables de esos hechos y, por ende, no ha habido sanción contra ellos.
«Todo quedó como pasa con muchas cosas del país, en el olvido; el Ministerio Público no ha hecho más nada luego de que tomaron las denuncias y abrieron el expediente, del cual ni copia nos dieron», contó un habitante de Residencias Victorias, en El Paraíso, municipio Libertador.
Esa comunidad fue blanco de arremetida y destrozos en reiteradas oportunidades, los cuales dejaron daños millonarios que se han tornado irreparables debido a la crisis económica e inflacionaria del país. Tampoco han sido resarcidos por los cuerpos de seguridad del Estado que los cometieron.
Para tratar de reparar algunas infraestructuras y adquirir bienes para reemplazar algunos dañados debieron incrementar los gastos de condominio y cobrar cuotas especiales.
«Aún no hemos podido reponer los extintores de incendios, los intercomunicadores y cámaras de vigilancia que fueron robadas», lamentó el vecino.
Algo similar ocurre con habitantes de Terrazas del Ávila, en el municipio Sucre, que en un ataque del Conas, la PNB y la GNB perdieron 18 cámaras de vigilancia, tarjetas electrónicas, 2 televisores de 42 pulgadas, 2 DVR, un computado y 2 barreras valoradas en más de un millardo de bolívares.
«Formulamos la denuncia en el Cicpc, pero no pasó absolutamente nada; ni siquiera fueron al lugar, dijeron que eso era un hecho público notorio y comunicacional y ni siquiera hicieron una inspección», relató Antonio García, presidente de la junta de condominio de la comunidad.
Lo mismo ocurrió con la residencias Los Verdes, en El Paraíso, donde los daños no solo afectaron a las infraestructuras también afectan la seguridad de los vecinos, quienes aseguran que ahora están más expuestos a la inseguridad de la zona. «Aún después de un año el temor continúa intacto.
La delincuencia hace lo que le da la gana Aquí. no hemos podido recuperar los artefactos de vigilancia ni el alumbrado.
los robos de carros, cauchos y baterías son el día a día en los sótanos», denunció un vecino, quien prefirió resguardar su identidad.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, advirtió que a un año de los sucesos se podrían haber modificado los elementos del sitio del suceso y eso conlleva una situación de impunidad.
Jesús Armas, concejal del municipio Libertador, denunció que en algunos casos las investigaciones han sido manipuladas. «Como el informe de los bomberos, en el cual dijeron que el incendio de los apartamentos habían sido provocado por bombas molotov, lo cual no es cierto», señaló.
Un informe de Amnistía Internacional de octubre de 2017 indica que entre abril y julio se desarrollaron 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país.
Ortega, señaló que por los casos registrados en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Lara, Mérida y Zulia, nadie ha sido condenado ni sancionado.
Andrés Colmenares, director de Funpaz, manifestó que en Lara contaron 45 allanamientos arbitrarios, por lo cual hicieron las denuncias en la Fiscalía pero ninguna prosperó.
«Ni siquiera a una investigación preliminar; es decir, el nivel de inoperancia y de impunidad es de cien por ciento».