Varias ONG venezolanas se pronunciaron el viernes mediante el comunicado «Declaración por coacción es un grito de tortura» contra la detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, realizada el martes.
Las organizaciones aseguraron que esta detención viola la inmunidad parlamentaria del ciudadano, pues un diputado solo podía ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia, y en ese caso, se debía trasladar a su residencia y no a una prisión.
También explicaron que Requesens ha estado incomunicado, lo que configura una violación del derecho al debido proceso.
Ambas situaciones fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión del parlamentario, difundida en un video divulgado por Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación.
Las ONG exigen a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado y que realicen investigaciones con independencia y autonomía, porque no puede continuar la indebida intromisión del gobierno en la administración pública.
El comunicado está firmado por Acceso a la Justicia, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Proiuris, RedesAyuda, Provea, entre otras.
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