El abogado penalista Alberto Arteaga afirmó que el procesamiento de los diputados de la AN Julio Borges, ex presidente del Parlamento, y Juan Requesens, de todos los iniciados contra dirigentes opositores, es uno de los casos más graves de violación evidente a la Constitución, y se manifiesta en el desconocimiento de los derechos fundamentales no solo de la condición parlamentaria, sino de la dignidad de las personas.
“Estamos viviendo el horror de una justicia penal que no es en absoluto justicia. Están en juego las transgresiones más graves de la convivencia social y la aplicación de amenazas con las penas más serias, como es la privación de libertad. La legislación universal en todos los países extrema el cuidado por la preservación de los derechos fundamentales de una persona sometida a una investigación penal, pero lo que estamos viviendo contradice esas garantías”, señaló.
El ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, dijo que las amenazas de funcionarios del gobierno contra Borges y los videos que muestran a Requesens sometido a tratos humillantes, llevan a la ciudadanía a exigir una investigación objetiva y sin sesgos.
“Una vez más, porque esto no es nuevo, la justicia penal se convierte en un instrumento de venganza política. Está en juego la libertad de estas personas a quienes se les deben resguardar las garantías para que se llegue a la determinación de la verdad de los hechos”.
Si bien lamentó que los órganos encargados de la investigación penal no merecen la confianza de la colectividad, instó a la Fiscalía General, a cargo de Tarek William Saab, a garantizar los derechos de los diputados investigados y a comprometerse con la objetividad del proceso, pues se ha violado en forma flagrante el artículo 49 de la Constitución, por el cual ninguna persona puede ser sometida a tortura ni tratos crueles, ni ofendida su dignidad como ser humano.
“Estamos ante una persecución penal que se sirve de una apariencia de legalidad. La violación de la inmunidad parlamentaria no es simplemente el desconocimiento de una prerrogativa personal, sino que es funcional: la inmunidad parlamentaria es reconocida por la Constitución para salvaguardar la representación popular. No tenemos garantías en lo absoluto. Todos estamos expuestos a ser detenidos sin orden judicial y sin flagrancia”.