La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, cuestiona abiertamente al gobierno y defiende el derecho de la academia de velar por la diversidad de pensamiento y aportar conocimientos para salvar al país. Su posición no es nueva, como miembro de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, la abogada rechazó por ilegítimas las presidenciales realizadas el 20 de mayo.
“Con estos comicios, el Poder Electoral le da la espalda al pueblo venezolano, al ciudadano”, afirmó Divo sobre las elecciones que fueron censuradas por varios sectores del país y por la comunidad internacional. Mes y medio después de la contienda, la rectora llama al gobierno y a la oposición a dejar de lado sus intereses personales y trabajar para detener el colapso de la nación, cercada por una crisis política, económica, social y derechos humanos.
—Averu abogó por comicios transparentes, pero se celebró un proceso cuestionado. ¿Cree que debe seguirse en la lucha por elecciones libres?
—Más que un proceso electoral lo que se impone, y allí debemos participar todos los sectores y factores políticos y sociales, es un gran acuerdo nacional en lo inmediato para salir de esta enorme crisis. Que concierten el gobierno, representantes del sector democrático, la Iglesia, las academias,las universidades, el sector empresarial y los sindicatos. Debemos participar todos los que queremos salvar al país porque primero hay que rescatarlo. Cada uno de nosotros tiene un rol importante, pero en una misma mesa. No puede ser a puerta cerrada, debe ser público. Se impone un gran acuerdo nacional honesto para rescatar al país.
—¿Existe la voluntad para lograr ese gran acuerdo?
—En este momento no la percibo, pero somos muchísimos los que apostamos por el progreso y el bienestar de todo el país. Este acuerdo debe emanar del propio presidente. Nicolás Maduro es el presidente, no por la elección del 20 de mayo, que no reconozco, sino porque su período culmina a finales de 2018. Esto tiene que partir de él, pero sin pretender subordinaciones como la que exige a la asamblea nacional constituye, que solo se impuso para suplantar al Parlamento y controlar los poderes públicos. Este acuerdo nacional debe incluir el reconocimiento del Poder Legislativo y todas las instituciones legítimas. Por ejemplo, el presidente ha cambiado varias veces su gabinete y nosotros reconocemos la autoridad del ministro de Educación Superior.
—Cuando Maduro excarceló a algunos presos políticos llamó a la pacificación. ¿Hay señales en ese sentido?
—No, la prédica no se corresponde con la acción. Cuando una persona busca la reconciliación y paz debe haber hechos además del verbo. Cuando un alto representante del gobierno como la vicepresidente Delcy Rodríguez, habla de venganza y que la venganza se traduce en esta revolución, entonces son unos grandes mentirosos. Uno se pregunta: Sí la revolución es venganza, entonces es más miseria, más hambre, más corrupción, más daño a la propiedad privada. Es un mensaje contradictorio y se envía en medio de tanto daño que se le ha hecho al país. Ojalá se pudiera hacer el propósito de enmienda, este propósito nunca es inoportuno.
—¿Y la oposición con sus actuaciones ha interpretado el momento que vive el país?
—Creo que el sector democrático, yo no lo llamo oposición, ni Mesa de la Unidad, ni Frente Amplio, tiene que hacer un gran esfuerzo. Sus dirigentes, sus representantes, las organizaciones políticas y sociales deben abandonar sus aspiraciones de orden individual, y electorales, para afrontar la realidad del país. Que hablemos con la verdad. Desde la universidad ratificamos la disposición del recurso humano calificado para trabajar por Venezuela.
—El informe del alto comisionado de la ONU denuncia la impunidad y la violación de derechos humanos en Venezuela.
—El informe muestra ante el mundo entero que la precariedad de los derechos humanos en el país no es cuento. Quedaron en evidencia las torturas a las que son sometidos los presos en los centros de reclusión, los pacientes que se están muriendo por falta de medicamentos, la miseria y la desnutrición. Este informe de derechos humanos y que Venezuela esté a nivel de la Corte Penal Internacional es muy grave y lamentable. Recuerdo cuando estudiaba el doctorado en 2002 que se hablaba del terrorismo de Estado que estaba en el ámbito mundial. Aquí hay una crisis humanitaria que el gobierno no quiere reconocer. Su tozudez no permite atender la crisis humanitaria que él generó. El asunto de la desnutrición, por ejemplo, no solo es un tema de condiciones físicas sino también de condiciones emocionales, del desarrollo del cerebro y del intelecto.
—¿El gobierno juega al descalabro de las universidades?
—Esa política comenzó hace muchos años. Más que el descalabro, la intención es acabar con las universidades autónomas, es una política perversa. Aunque nuestro presupuesto depende del Estado, desde el punto de vista del funcionamiento y la organización somos independientes y respetamos la diversidad de pensamiento y generamos una producción intelectual para el país. Aquí no hay cátedra de teología para imponer un criterio único y por eso es que el gobierno pretende meter a las universidades en una única directriz. De la misma forma como controla al Poder Judicial, al organismo electoral y a todas las instituciones del Estado. Pero nosotros nos sustentamos en los valores soberanos, democráticos y de libertad. Aunque mi ideología sea diferente a la del gobierno, no se puede discriminar a nadie por su pensamiento.
—¿Cree que con la situación actual se dificulta sustentar al país y a las universidades?
—Absolutamente. Aquí no hay un cambio en la dirección inmediata en lo político. No voy a indagar en lo económico, ni en lo social, que eso es lo más duro que nos puede estar pasando. Que un economista me explique cómo se va a sostener Venezuela sin ingresos, con controles. No me van a decir que la situación actual es producto de un embargo, ni de las sanciones internacionales. Esto tiene más de 20 años.
Déficit presupuestario y deserción
La rectora Jessy Divo de Romero sostuvo que las limitaciones presupuestarias son una política sostenida que atenta contra la educación superior y obstaculiza el progreso y el desarrollo del país.
“En nuestro caso, el déficit no cabe en el papel y es de billones de bolívares. Hemos recibido recursos para honrar lo que corresponde a sueldos, salarios y los incrementos, hemos recibido providencias estudiantiles para las becas, ayudantías y preparadurías, y apenas para transporte mensual 300 millones de bolívares; es decir, para medio caucho. Pero no tenemos recursos para los servicios básicos, para los laboratorios, las bibliotecas, para Internet ni para la seguridad de nuestras instalaciones. Además, nos han robado el cableado. Esta es la situación global de las universidades autónomas, un drama que afecta unas más que otras”, afirmó.
La abogada añadió que la crisis del país, la imposibilidad de costear los gastos y la búsqueda de mejores oportunidades de vida ha motivado la deserción de la población estudiantil y profesorado de la Universidad de Carabobo.
Las cifras son elocuentes: desde el último cuatrimestre de 2017 hasta hoy, se ha ido más de 60% del estudiantado, 42% del personal docente, 27% del personal administrativo y 9% del personal obrero.