Política

UCAB y Espacio Público documentaron 19 casos de desaparición forzada

Ocho ciudadanos, dos de ellos colombianos, llevan tres años desaparecidos. Familiares y abogados no han recibido respuesta, a pesar de haber testigos de sus detenciones

UCAB y Espacio Público documentaron 19 casos de desaparición forzada

“El caso de Fernando Albán aumenta la preocupación”, reza el informe

Por Estefani Brito | esbrito@el-nacional.com

Un total de 19 casos de desaparición forzada ha documentado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la ONG Espacio Público entre 2014 y 2018: 9 de corta duración, 7 ocurridas durante traslados posteriores a la detención inicial y 3 de larga duración. En su informe de octubre, en el que colaboró la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, resaltaron que esta práctica conlleva a torturas, tratos crueles, violaciones del derecho a la vida, seguridad y debido proceso.

Aseguraron que la desaparición forzada constituye también una vulneración al derecho a la libertad de expresión y de acceder a información pública. Las desapariciones documentadas presentan un mismo patrón: ocurren en un contexto de detenciones arbitrarias de manifestantes o personas que emiten críticas al gobierno, se les mantiene incomunicadas durante horas o hasta ser presentadas en los tribunales penales, los organismos de seguridad no ofrecen información y en algunos casos los detenidos son “ruleteados” por varios centros de detención.

Entre los casos documentados se encuentra el de Juan Lares, hijo del entonces alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares. Fue detenido durante la elección a la asamblea nacional constituyente y duró 15 días desaparecido.

El reportero Jesús Medina Ezaine, quien días anteriores a su desaparición –ocurrida el 4 de noviembre de 2017– había recibido amenazas por la publicación de un trabajo periodístico sobre la cárcel de Tocorón. Fue hallado golpeado 50 horas después, en la carretera Caracas-La Guaira.

El tuitero que compartió la ruta del avión presidencial, Pedro Jaimes, duró 48 desaparecido hasta que fue presentado el 12 de mayo en el Tribunal 3° de Control de Los Teques. Luego de la audiencia, el Sebin lo trasladó a un lugar desconocido; el 15 de junio se conoció que se encontraba en El Helicoide.

La médico Maryori Medina Parra, de 63 años de edad, fue detenida el 6 de octubre en Puerto Ordaz. Cinco días después se conoció que se encontraba en la sede de la DGCIM en la entidad.

El concejal Fernando Albán fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía el viernes 5 de octubre. 24 horas después de su detención, dirigentes de Primero Justicia denunciaron su desaparición y alertaron sobre el riesgo que corría su vida e integridad física por los posibles tratos crueles e inhumanos en su contra.

El lunes 8 de octubre, en horas de la tarde, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció la muerte del edil. “El caso de Albán aumenta la preocupación por el incremento de la desaparición forzada como política de Estado, y las consecuencias y otras violaciones de derechos humanos que esta conlleva”, alertan en el informe.

Al diputado Gilber Caro lo detuvieron junto con Steicy Escalona en Carabobo, el 11 de enero de 2017. El paradero de ambos fue desconocido durante 22 horas. Lo mantuvieron incomunicado; fue trasladado a varios centros hasta que a los 117 días de su detención, y sin que se hubiese realizado la audiencia de presentación, lo llevaron desde la cárcel 26 de Julio, en Guárico, al penal de Tocuyito. 

El 2 de marzo de 2017 fue trasladado una vez más, bajo un supuesto plan de fuga. 72 horas después sus familiares constataron que lo habían trasladado a la cárcel Fénix en el estado Lara.

“Las desapariciones forzadas suelen ser utilizadas como política de Estado para infundir terror en la ciudadanía y generar inseguridad en la sociedad en general”, aseguraron las organizaciones.

Pidieron al gobierno declarar el registro de detenidos, abandonar la práctica de la incomunicación, mantener informados a familiares y a abogados, e investigar de forma diligente, objetiva e independiente los casos de desapariciones, así como sancionar a los responsables.


Llevan 3 años desaparecidos

Las instancias tienen documentados tres casos de desaparición de larga duración ocurridas en 2015.

Alcedo Mora y los ciudadanos de origen colombiano Jesús y Eliézer Vergel fueron vistos por última vez en Mérida, el 26 de febrero. El activista había denunciado a varios funcionarios de Pdvsa que estarían involucrados en el contrabando de gasolina hacia Colombia.

Cenis Carrero, Jonathan Mora, John Aguilar y Alexis Vivas fueron detenidos el 7 julio. A finales de 2015 un testigo dijo haberlos visto en la sede GAES-Conas de El Vigía.

Nelson Carpio está desaparecido desde el 17 noviembre de 2015. Era menor de edad al momento de su detención. Es el único caso que tiene responsables.

Familiares y abogados de los desaparecidos aún no han recibido respuesta, pese a haber testigos de la actuación de los funcionarios policiales en el proceso de detención.