La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informar sobre si existen o no delitos de diputados de la Asamblea Nacional por remover en julio de 2016 a los magistrados designados en diciembre de 2015.
En la sentencia N° 454, que declaró como inadmisible el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por Ortega Díaz contra la designación de 33 magistrados, la Sala solicitó nuevamente a la fiscal que en ejercicio de sus funciones constitucionales dé respuesta a lo establecido en la decisión 614 del 19 de julio de 2016, tal y como se pidió el 4 de agosto de 2016.
La fiscal tendrá un día hábil después de ser notificada para responder al punto nueve de la decisión: Dar conocer si se cometieron delitos contra los Poderes Nacional y la Administración Pública, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica.
De no hacerlo, Ortega Díaz podría ser sancionada según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con hasta 200 U.T. por no acatar la orden emanada del máximo tribunal o por no suministrar oportunamente las informaciones, datos o expedientes solicitados.