El Tribunal Supremo Justicia en el exilio publicó la sentencia final del proceso que condenó al presidente Nicolás Maduro a pagar 18 años y 3 meses de prisión por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, sancionados en las leyes contra la corrupción y delincuencia organizada. El TSJ dictaminó una nueva orden de captura a Interpol y a organismos de seguridad estatales. El juicio se inició el jueves 2 de agosto, en Bogotá, a instancias de la fiscal Luisa Ortega Díaz, y el fallo determinó la culpabilidad y responsabilidad penal del jefe del Estado por obtener altas sumas de dinero mediante contratos y pagos a la constructora brasileña Odebrecht, por obras públicas que no fueron ejecutadas.
El TSJ ordenó a Maduro resarcir al patrimonio de la nación con 35 millardos de dólares, por los contratos otorgados a la constructora brasileña y pagar una multa de 25 millones de dólares por las comisiones del financiamiento de las campañas. Además, dictaminó confiscar los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales.
Declaró su inhabilitación política y decretó su destitución definitiva del cargo de presidente de la República, por lo que ratificó el “vacío institucional” del Ejecutivo.
Instó al Ministerio Público a investigar, entre otras personas, a José David Cabello, Jorge Rodríguez, Elías Jaua, Nelson Merentes, al general Rodolfo Marco Torres, Haiman el Troudi, Henrique Capriles Radonski, Marcelo Odebrecht, Mónica Cunha Moura y Roberto Texeira por los delitos determinados en el fallo.
Visita
El TSJ en el exilio pidió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que cancele una posible invitación a Maduro a su toma de posesión. Considera que invitarlo sería una “grave ofensa” para los venezolanos que sufren hambre, enfermedades y se ven obligados a emigrar, debido al daño incalculable que Nicolás Maduro ha causado a la nación, al sustraer ilegalmente fondos del erario público. Añadió que también sería “una afrenta” a los países que lo han acusado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
En una carta enviada a López Obrador, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, recordó que, conforme a la Constitución y las leyes venezolanas, Maduro fue formalmente destituido de su cargo por incurrir en delitos que son parte del “crimen organizado transnacional”.