Luego de haber recibido de la fiscal general Luisa Ortega Díaz la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro el 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidió ayer que había elementos suficientes para proceder con su enjuiciamiento. Le corresponderá a la Asamblea Nacional autorizarlo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 266 numeral 2 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica del TSJ.
La sentencia señala que se presume la comisión del delito de corrupción propia, legitimación de capitales y la “responsabilidad” de los hechos punibles, por una investigación preliminar que inició la Fiscalía en 2015 sobre irregularidades en ejecuciones de 13 obras que estaban a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, y por el testimonio del presidente de la empresa, Euzenando Prazeres de Azevedo.
Además, la Sala Plena, que sesionó en Bogotá, pidió la captura del mandatario. «Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad contra el presidente Nicolás Maduro”, dice el fallo. Ordenó notificar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Cicpc para que ejecuten la medida, así como a Interpol para que incluya al mandatario entre las personas con alerta roja y lo coloquen a la disposición del tribunal.
El TSJ en el exilio también decidió notificar la decisión a las Nacionales Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a los países que integran el Grupo de Lima.
El dictamen fue firmado por 24 de los 26 magistrados que integran la Sala Plena. Thomas Alzuru Rojas y Alejandro Rebolledo se abstuvieron.
Fuentes del Poder Legislativo informaron que al conocerse el fallo la junta directiva se reunió de urgencia para evaluar las próximas acciones. El segundo vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina, indicó que esperarán que la solicitud llegue a la directiva para estudiarla y presentarla ante la plenaria y, con las dos terceras partes de los diputados decidir la autorización o denegación del juicio.
“Tenemos que revisar el expediente y los elementos que consideró el TSJ. Los abogados del Parlamento también deben evaluar esta solicitud”, dijo.
Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, expresó que deben acatar la sentencia y revisar la forma de aplicación, dado que las instituciones del Estado están subordinadas al Ejecutivo.
Marquina recordó que en enero del año pasado, el Parlamento declaró el abandono del cargo del mandatario por los “innumerables errores” que ha cometido desde que asumió el mando en 2013. “Ya hemos decidido sobre esa materia”, agregó.
Conspiración. Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, solicitó enjuiciar a los magistrados del TSJ en el exilio por traición a la patria y conspiración contra la forma republicana. Afirmó que los miembros de este poder “humillan el derecho” y calificó de circo la petición que se efectuó en otro país.
“El único sistema de justicia de Venezuela queda en nuestro territorio. Prestarse para violar la soberanía nacional merece el repudio de todo el país, que coloca a estas personas no solo como delincuentes sino como mercenarios del derecho”, declaró en entrevista con VTV.
MUD rechaza propuesta de acuerdo La Mesa de la Unidad Democrática ratificó que no firmará un acuerdo que esté en contra de los intereses democráticos ni participará en “cualquier intento de diálogo” que trate de legitimar las elecciones del 20 de mayo, a propósito de lo señalado por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que planteó construir un “gran acuerdo político” luego de los comicios. Trabajarían con todos los líderes políticos para resolver los problemas que afronta el país, algo que solo se logrará por la vía del diálogo y el consenso, añadió. “Rechazamos que Rodríguez Zapatero nos responsabilice del fracaso de la negociación en República Dominicana. La verdadera razón fue la negativa del gobierno de permitir garantías para unas presidenciales justas”, señaló la coalición. El ex gobernante español aseguró que el acuerdo estaba listo, pero que Julio Borges, quien encabezaba la delegación de la oposición, dificultó el proceso. “Una elección con presos políticos e inhabilitados, partidos ilegalizados, el mismo CNE y sin canal humanitario, era una traición a Venezuela que yo no iba a avalar”, respondió Borges en Twitter. Rodríguez Zapatero afirmó que será garante de que el proceso comicial “reúna los requisitos básicos de una democracia”. |