A Bogotá, no. ¿Y a Lima? Tampoco, aunque no sea un caso cerrado, ni mucho menos, para la revolución bolivariana. Nicolás Maduro no acudirá este martes, a las 9: 00 am, a la audiencia oral y pública convocada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la capital colombiana. Los jueces nombrados por el Parlamento decidirán si juzgan en ausencia al primer mandatario por el caso Odebrecht , el mismo que persigue a presidentes en todo el continente con la excepción, hasta ahora, de Venezuela.
Se da por descontado que el presidente ignorará la citación para una audiencia que será retransmitida en directo por Youtube.
En cambio, el primer mandatario todavía insiste en que hará acto de presencia en la Cumbre de las Américas, a celebrarse la semana que viene en la capital peruana, pese a que fue «desinvitado» por las autoridades locales.
El presidente Martín Vizcarra, sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, mantiene la misma política que su predecesor: vetar la comparecencia del líder bolivariano pese a los llamados a su favor realizados por los mandatarios Evo Morales y Tabaré Vázquez.
Así de pintoresco es el juego de poder en Venezuela y así de intensa la pulseada diplomática. Una de las detractoras más destacadas del «hijo de Chávez» en el exterior es Luisa Ortega, fiscal destituida de forma ilegal e inconstitucional por la asamblea nacional constituyente (ANC), que interpuso la querella de antejuicio de mérito contra el presidente.
Quien fuera jefa del Ministerio Público asegura que tiene pruebas de los pagos realizados por la compañía brasileña para las campañas presidenciales de Hugo Chávez y del propio Maduro.
El presidente debería comparecer acompañado de su abogado defensor «a los fines de que exponga todos los alegatos» para su defensa. Si no se presenta ninguno de los dos, el tribunal designará un abogado público para continuar la causa.
El chavismo no reconoce ni a Ortega, a quien califica de traidora y corrupta, ni al propio tribunal, que se define como legítimo. Poco le importa a la estrecha colaboradora de Hugo Chávez, quien también ha denunciado a Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por sus vulneraciones de los derechos humanos. La fiscal ha exigido su detención inmediata.
Exilio
Los magistrados fueron obligados a huir de Venezuela después de su nombramiento a mediados del año pasado, cada uno como pudo. Algunos se refugiaron en la embajada de Chile, para huir semanas más tarde atravesando la frontera de Colombia, rumbo al país sudamericano. En cambio, tres de ellos fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Actualmente el juez Ángel Zerpa permanece en arresto domiciliario a la espera del juicio donde será acusado de traición a la patria y usurpación de funciones.
«Ella (Luisa Ortega) presentó pruebas de una investigación que comenzó en 2011 y de otra denuncia que se acumuló desde 2015», confirmó Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo en el exilio, que además deberá decidir si emite la alerta roja a la Interpol con la orden de detención de Maduro. Este tribunal solo podrá juzgar al primer mandatario si la Asamblea Nacional lo autoriza previamente.
Más allá del impacto político que la acusación contra Maduro puede alcanzar a nivel internacional, el principal obstáculo del Supremo en el exilio no es solo su cuestionada capacidad de acción, sino también su propia legitimidad, pese a que su constitución guarda las formas legales, algo que no ocurre con el Tribunal Supremo chavista. Su presidente, Maikel Moreno, encabeza la lista de los sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Panamá.
«Uno de los componentes esenciales de todo órgano de poder público es que ostente legitimidad en el desempeño de sus funciones, algo que requiere reconocimiento de otros poderes públicos y de la ciudadanía. Ni siquiera existe consistente reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional», reflexiona Nizar El Fakih, director de la organización Pro Iuris. «Muchos creen que no podemos hacer nada, pero podemos hacer más de lo que muchos creen», aseguró Pedro Troconis, magistrado de la Sala de Casación Penal del Supremo en el exilio.