La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia dictó ayer una sentencia en la que admitió la acción interpuesta por varios ciudadanos que demandan el reconocimiento de su derecho a cambiar de nombre y de género ante la ley, invocando el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad previsto en el artículo 20 de la Constitución.
El TSJ ordenó notificar de la medida a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral.
Decretó que las solicitudes se lleven por expediente separado y que cada accionante suministre información sobre su estado civil durante un lapso de 15 días y consigue “copia certificada de las actas de nacimiento y un informe médico psiquiátrico y psicológico suscrito por un especialista en la materia, que demuestre la veracidad de la identidad sexual pretendida”, indica la sentencia No 399/2017.
Aunque el TSJ calificó la decisión de novedosa, la coordinadora de la ONG Unión Afirmativa, Quiteria Franco, opinó que este “mantiene una actitud retrógrada al solicitar que se realicen evaluaciones psicológicas sometiendo a las personas trans a tratos indignos”. Explicó que la sentencia significa que admiten el caso y evaluarán si procede.
La ONG Venezuela Igualitaria, que apoyó a quienes introdujeron la demanda, indicó que celebran la admisión de esta acción “debido a que representa un avance en la reivindicación de los Derechos Humanos de la población transgénero y transexual, la cual ha sido discriminada histórica y socialmente”, pero también rechazan la solicitud de un Informe Médico-Psiquiátrico y Psicológico.
El mes pasado, la Comisión Internacional de Derechos Humanos llamó a los países de Latinoamérica a adoptar leyes que garanticen la identidad de género para las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), como medida para combatir la discriminación.
Este organismo ya había instado en 2015 al Estado venezolano a adoptar una Ley de Identidad de Género sin una mirada patológica, a investigar con la debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBTI y profundizar las políticas públicas a favor de esta población y sus defensores.
En febrero de 2016, luego de 12 años el TSJ admitió la solicitud introducida por la ahora diputada de la Asamblea Nacional Tamara Adrián sobre el reconocimiento de su identidad ante la ley como mujer.