En 2017 se registró un incremento de opacidad en Poderes Públicos bajo la mirada permisiva de la Contraloría General de la República y el TSJ. Esta situación dificulta la evaluación y el seguimiento de políticas, señala Transparencia Venezuela en su informe Opacidad, la regla impuesta desde el alto gobierno.
“La poca información disponible resulta cuestionable cuando es comparada con datos manejados por organizaciones de la sociedad civil o por órganos especializados en el área que se trate”, indicó la ONG.
Transparencia constató que ninguno de los 32 ministerios publica la ejecución de su presupuesto, lo que impide el control ciudadano en la gestión pública. De acuerdo con la investigación, la CGR omitió sus funciones y no actuó ante la marcada falta de publicación por parte de los órganos y entes públicos nacionales, sobre aspectos importantes como los índices macroeconómicos, informes trimestrales de ejecución de los recursos, y adjudicaciones de contratos y planes de gestión. Transparencia Venezuela destaca que el año pasado no se observó el inicio de los procedimientos de declaratoria de responsabilidad administrativa por incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
La ONG atribuye la opacidad del Tribunal Supremo de Justicia a elementos concretos: no se publica información del procedimiento de selección de jueces, sus credenciales, criterios de selección; no se publican las declaraciones juradas de bienes y de intereses ni tampoco se difunde información sobre los sueldos y salarios de los magistrados, así como la lista de regalos y donaciones.
“La opacidad ha sido fomentada no solo por la existencia de instrumentos legales que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública, sino porque además el TSJ ha restringido este derecho al emitir criterios que no le permiten a los ciudadanos acceder a información de uso público y ejercer el control de la gestión pública de acuerdo con lo que disponen los artículos 51 y 62 de la Constitución de 1999”, expresó Transparencia. Pero la falta de información también alcanza a la Asamblea Nacional, debido a que el Legislativo no ha publicado la declaración de patrimonio y de intereses de cada diputado, la ejecución presupuestaria y los montos asignados para los sueldos y salarios; los viáticos, el registro de viajes y las asesorías que reciben los parlamentarios.
Transparencia Venezuela destaca que aunque el CNE publicó los resultados de los procesos electorales realizados el año pasado, aún está en mora: “No presenta información sobre la cantidad de recursos utilizados en cada proceso, su forma de ejecución, funcionarios participantes, pagos realizados a proveedores contratados durante el proceso y cualquier otra información que permita evaluar la gestión administrativa del organismo”.
Durante 2017, la ONG presentó 130 peticiones de información ante diferentes organismos del Poder Público, pero solo fueron respondidas 14 que equivalen a 11% de las solicitudes realizadas.
Contratos. En el informe de Transparencia, difundido ayer, se indica que el Registro Nacional de Contratistas se redujo desde agosto del año pasado.
“En el sitio web del RNC en el que anteriormente se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en 29 ítems, ahora solo aparecen 5: Si se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, el nombre, el número de Registro de Información Fiscal, si es persona jurídica o natural y los años de experiencia en la actividad o servicio que presta”, señala la ONG.