El diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no será una limitación para las comparecencias de las instituciones públicas ante la Asamblea Nacional, y específicamente las que regulan los medios de comunicación.Este martes, el Tribunal Supremo sentenció que las comparecencias de los ministros y otros funcionarios públicos ante el Parlamento no son obligatorias, además que deben contar con el permiso del vicepresidente ejecutivo de la República.»Es la demostración de podredumbre a la que ha llegado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia», agregó en entrevista a El Nacional Web.La Corporación Maneiro, encargada de gestionar la importación y la distribución del papel periódico, fue uno de los organismos públicos llamados a rendir cuentas por la baja asignación del recurso a diarios adversos al gobierno. Por ello, su presidente, Hugo Cabezas, fue citado en dos ocasiones, pero hasta el momento no ha asistido.»Tenemos competencias legales para los que no quieran acudir a la Asamblea Nacional, y créeme que lo vamos a hacer», señaló el diputado.Sobre la prensa en el interior del país expuso los casos del diario La Costa, que podría dejar de circular, o El Carabobeño, que lleva un año sin recibir papel. También los rotativos de circulación nacional como El Nacional.»Esta es la demostración de que al gobierno le irrita que existan medios independientes. Jamás se deben utilizar las organizaciones del Estado para sacar de circulación a medios por no gustarle su línea editorial. Eso es absolutamente inaceptable y demuestra su poco talante democrático «, sentenció.Otra de las instituciones públicas encargadas de los medios bajo contraloría de la AN es la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel), responsable de renovar las concesiones a televisoras y radios, así como velar por el complimiento de las leyes en materia comunicacional.La Sociedad Interamericana de Prensa calcula que 800 emisoras de radio están sin su concesión al día. Para la organización esto responde a una extorsión a través de las instituciones públicas, que sirven como un «instrumento de coacción» a la libertad de expresión.Guanipa ratificó que presentarán al país una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para renovar las concesiones de canales de televisión y emisoras que están en condición de ilegalidad.


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