La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, llegó ayer en la madrugada a Brasilia para participar en la reunión de fiscales y procuradores de Mercosur. La funcionaria, que hizo escala en Panamá luego de salir de Colombia, dio algunas pistas de las investigaciones que el Ministerio Público adelantó sobre la presunta vinculación de altos personeros del gobierno en ilícitos con Odebrecht, los CLAP y la industria petrolera.

Ante sus homólogos de la región, y en una intervención que duró cerca de seis minutos, Ortega Díaz aseveró: “Tengo pruebas contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez por el caso Odebrecht”. Aunque no ahondó en detalles, dijo que es su intención cooperar con la comunidad internacional para el combate del crimen organizado.

“Pido que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento de materia penal, porque con seguridad van hacer destruidas. En Venezuela no hay garantía de justicia. Hay mucho interés de que no se investigue el narcotráfico. No hay garantías de justicia. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, el terrorismo, con el tráfico de drogas o la corrupción tenga una condena o una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas sean desaparecidas”, subrayó.

Agregó que Venezuela es un país de tránsito para el narcotráfico, y que debe combatirse. La funcionaria ratificó ante sus pares la ruptura del orden institucional y la violación de los derechos humanos. “En Venezuela lo que ha ocurrido es la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”, advirtió. Expuso los atropellos contra el general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de agosto; el diputado Wilmer Azuaje y el abogado Ángel Zerpa, magistrado designado por la AN que está detenido y quien fue su defensor.

Ortega Díaz calificó como usurpador a Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC, y denunció la prohibición de salida del país impuesta a 64 fiscales anticorrupción, algunos de los cuales investigaban el caso Odebrecht. “Tarek William Saab es una persona que tiene seis investigaciones por corrupción y lo primero que hizo fue solicitar los expedientes para solicitar el sobreseimiento de las causas relacionadas con el desfalco de Pdvsa. No cooperen con Tarek William Saab, porque las pruebas serán destruidas”, esgrimió.

Denunció ser objeto de persecución por parte del gobierno y negó que su esposo, el diputado Germán Ferrer, tuviera una cuenta en Las Bahamas producto de una supuesta red de extorsión por la que el TSJ ordenó su captura: “Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar, no solo lo allanaron. Hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa”, indicó. Responsabilizó a Maduro de lo que pueda ocurrirle a ella o su familia.

Exhortó al pueblo de Venezuela a no desesperanzarse: “Esto lo vamos a superar; mantengamos el deseo de cambiar”.

Manejo de los CLAP. En declaraciones a la prensa, la fiscal general reveló algunos detalles de hechos sobre presunta corrupción. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa registrada en México a nombre de Group Grant Limit, que se presume que es del presidente de la República Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab”.

Indicó que aportará las pruebas que maneja a autoridades de distintos países, como Estados Unidos, Colombia y España. Señaló que en Venezuela es imposible investigar hechos de corrupción o narcotráfico.

Vinculó al primer vicepresidente del PSUV con la corrupción de Odebrecht: “A Diosdado Cabello, una empresa española de nombre TSE Arietis le depositó 100 millones de dólares. La empresa aparece como propiedad de Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello, que son sus primos”. 

La funcionaria aseguró que en Venezuela hay 11 obras de Odebrecht por las que se habría pagado un monto de 300 millardos de dólares.

Asilo. Antes de salir de Bogotá, el martes, la fiscal general señaló a El Tiempo su intención de retornar a Colombia, cuyo presidente, Juan Manuel Santos, le ofreció protección. Durante una reunión privada celebrada ayer, el canciller de Brasil le ofreció asilo en ese país. 

“Ella sabe que en caso de que lo necesite, por ser un caso notorio de persecución política, le sería concedido inmediatamente. Ella prefiere quedarse en Suramérica aunque en los próximos días tiene una agenda internacional, debido a que pretende ir a La Haya y a la OEA”, afirmó el canciller Aloysio Nunes.


LaCifra

300 millardos de dólares sería el monto de 11 obras de Odebrecht que están paralizadas

100 millones de dólares habrían depositado a Diosdado Cabello una empresa española, según la fiscal Luisa Ortega Díaz


Violencia institucional

Los fiscales y procuradores del Mercosur ratificaron que solo reconocen a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República.

“Estamos siendo testigos de una violación institucional en el Ministerio Público venezolano”, dijo el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, en la apertura de la reunión de ayer en Brasilia. Janot dijo que la intervención del gobierno de Maduro convirtió a la Fiscalía “en una institución subyugada a un verdadero poder político dictatorial”.

Janot cuestionó cualquier intromisión del Ejecutivo en la realización de investigaciones y procesos penales que es una competencia exclusiva de la Fiscalía.

“Te reconocemos como la fiscal general de Venezuela. Nuestra solidaridad contigo, Luisa, de Paraguay y de todos los ministerios públicos de la región, porque creemos que tu situación es una bofetada a la democracia y al Estado de Derecho”, dijo el representante de Paraguay, Javier Díaz Verón. Al encuentro también asistieron los procuradores generales de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú.

La procuradora argentina, Alejandra Gils Carbó, dijo que la violencia verbal y física de la que fue objeto Luisa Ortega Díaz originó su destitución y su posterior exilio: “Muchos de nosotros hemos padecido las injerencias del Poder Público y Económico en los últimos tiempos, a raíz de nuestro trabajo”. Durante el encuentro en Brasilia, la fiscal general de la República estuvo al lado de su homólogo brasileño.

El 6 de agosto los fiscales del Mercosur rechazaron la  destitución de Ortega Díaz y la designación de Tarek William Saab por parte de la ANC, como fiscal general encargado: “Con ese ilegal acto, se causa un daño profundo al Estado de Derecho”.


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