Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela ante la OEA designado por el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que tiene preparada una agenda para ser entregada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con la finalidad de que los representantes puedan tener acceso a todos los centros de detención y lugares donde se presentan casos de violación a los derechos humanos en el país.

Tarre Briceño aseguró que la CIDH debe realizar las investigaciones pertinentes sobre los casos ocurridos en la última semana en el país, refiriéndose a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue presuntamente asesinado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Expresó que las instituciones gubernamentales deben permitir las investigaciones correspondientes pues, a su juicio, “el que no la debe no la teme”.

El embajador también se refirió al caso Rufo Chacón, joven de 16 años de edad, quien se encontraba protestando junto con su madre por la falta de gas en el estado Táchira cuando un policía de Táchira le disparó a quemarropa causándole la pérdida de la vista.

“Cualquier gobierno que sienta que estas acusaciones que se están formulando en relación con la muerte del capitán Acosta Arévalo son acusaciones infundadas, debe abrir las puertas a esta comisión y demostrar que lo que estamos diciendo nosotros es mentira”, recalcó.

Catalogó el caso como “otra muestra más de una actitud inhumana y falta de consideración al respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución”.


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