El proceso electoral que tendrá su clímax el 20 de mayo ha estado marcado por la profundización de las irregularidades denunciadas en los comicios de 2017. Este diagnóstico es certificado por Súmate y Voto Joven, organizaciones que advierten no solo sobre el ventajismo abierto por parte del oficialismo, sino también la intimidación y coacción hacia los electores.

“El ventajismo de Maduro se evidencia en actos de campaña con recursos del Estado y la obligación que se impone a los medios de comunicación desde el CNE para que se transmitan estos eventos. Hay una intimidación hacia los actores y electores, además de la coacción a los ciudadanos que se ha perfeccionado a través del carnet de la patria para votar por una tendencia y puedan recibir el CLAP, los bonos y el premio ofrecido por Maduro a quienes voten. Como nunca, se persigue a los empleados públicos para que asistan a los eventos de campaña”, señaló Francisco Castro, director de Súmate.

Añadió que el proceso está concebido para impedir que el voto se ejerza de manera libre. Dijo que, pese a las denuncias que diferentes organizaciones han realizado, el Poder Electoral no frena las irregularidades. Castro puntualizó que el ventajismo fue descarado durante el simulacro con la instalación de los puntos rojos en las adyacencias de los centros de votación. Otro aspecto que consideró grave fue la falta de información expedita a los ciudadanos seleccionados para el servicio electoral.

Luisana Subero, coordinadora de Voto Joven, indicó: “La intimidación es más fuerte hacia el chavismo disidente que se debate entre votar o no votar”. Cree que el gobierno ha desestimulado el voto, porque solo le interesa que vote la base del chavismo.

Esa es la razón a la que atribuye la campaña de desinformación sobre la jornada de actualización e inscripción del RE. Súmate y Voto Joven reiteraron sus cuestionamientos a la forma cómo se realizaron las jornadas de actualización e inscripción en el Registro Electoral y las limitaciones impuestas a este proceso en el exterior.

Subero denunció que el acuerdo de garantías electorales “solo ha sido cumplido 30% y el principal actor que lo irrespeta es el gobierno”.

Auditorías incompletas. En Súmate denuncian otros vicios del proceso, como fallas en las auditorías que Francisco Castro califica de “visitas guiadas al CNE que se hacen en un tiempo muy corto y sin sustento técnico. Las auditorías, que antes se llevaban dos, tres y hasta cinco días, se hicieron en una mañana.

Sostuvo que hasta ahora se desconoce la empresa encargada del software porque en las actas de las auditorías las firman personas naturales. Agregó: “La campaña para los consejos legislativos estadales es una guachafita y está opacada por la campaña presidencial”. Criticó que las circunscripciones electorales para los legisladores se conocieran el mismo día de las postulaciones.


Contienda sin manipulación

La rectora Socorro Hernández dijo ayer que el cronograma comicial avanza de forma regular y aseguró que no existe ninguna posibilidad de fraude en las elecciones del 20 de mayo. “Es absurdo pensar que puede haber manipulación de resultados porque sencillamente si cada quien sabe cuáles son los resultados de su mesa, lo ve en la página web, tiene la copia del acta que emite la máquina de votación, y eso lo mete en un programita que suma los resultados de las distintas mesas de todo el país. Allí va a saber si es o no el resultado”, indicó.

Descartó cualquier posibilidad de voto doble. La funcionaria explicó que las 16 auditorías previstas para la contienda presidencial se han realizado a tiempo y ajustadas a la planificación del Poder Electoral.


Permisividad del CNE

El director de Súmate, Francisco Castro, señaló que el ventajismo oficialista desplegado durante la campaña electoral, que termina el 17 de mayo, ha ocurrido bajo la permisividad del ente comicial. “Todos los actos son transmitidos de manera exclusiva y especial. Ante esto el CNE tiene una posición cómoda porque la Ley de procesos electorales de 2009 no regula el tiempo de transmisión distinto al de publicidad y eso es un vacío legal que ellos crearon para favorecerse. Se excusan en que es un acto público y VTV está en el deber de informar. La verdad es que justifican un acto que es ilegal”.


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