Súmate exigió ante la Fiscalía la apertura de una investigación al presidente Nicolás Maduro por el uso de recursos y bienes del Estado durante la campaña electoral para los comicios del 20 de mayo, así como la coacción y la compra de votos.
La ONG indicó que durante 26 días continuos, el mandatario hizo 57 alocuciones con un promedio de 2 intervenciones por día, “que fueron transmitidas en directo por Venezolana de Televisión y retransmitidas por la plataforma de medios de comunicación del Estado, integrada por TVES, Vive TV, ANTV, Telesur, Ávila TV, Tvfan, y las 76 emisoras de radio públicas (Radio Nacional de Venezuela 10 AM y 62 FM, y el Circuito YVKE Mundial con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia, Mérida y Nueva Esparta)”.
Francisco Castro, director de Súmate, dijo que Maduro excedió el tiempo y espacio diarios en su campaña para la reelección. “En cada televisora de señal abierta nacional y regional el tiempo máximo permitido era de 4 minutos diarios no acumulables, para un total de 104 minutos (una hora 44 minutos). Maduro utilizó en cada una de las 6 televisoras de señal abierta del Estado (VTV, TVES, Vive TV, ANTV, Telesur y Ávila TV) durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas identificadas un promedio de 2.280 minutos, lo que significó un excedente de 2.176 minutos en cada una de ellas; es decir, unas 36 horas, que implicó 216 horas de exceso en el total de las 6 televisoras de señal abierta del Estado”.
La vocera de Súmate, Nélida Sánchez, informó que pidieron a la Fiscalía investigar la oferta de compra de votos que de forma pública el mandatario hizo en sus actos de calle en Barcelona el 28 de abril, y en Charallave el 15 de mayo. En los referidos mitines, Nicolás Madiro prometió un bono para los electores que votaran por él, que sería pagado del dinero de las arcas de la República a través del carnet de la patria.
La organización subrayó que este tipo de práctica está prohibida en los artículos 67 y 145 de la Constitución; 13 y 18 dela Ley Contra la Corrupción; 75.13, 126 y 215.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; 222 y 223 del Reglamento General de la Lopre, y 91, numeral 5, de la Ley de la Contraloría General de la República. Otro aspecto censurado por Súmate es la exigencia que, según registraron, se hizo a los electores beneficiarios de las misiones sociales de que presentaran el carnet de la patria para votar el 20 de mayo.
Recordaron que los artículos 63 de la carta magna y 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que “el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas” y ninguna persona puede ser obligada o coaccionada “bajo ningún pretexto” para el ejercicio de su derecho.