La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en la Era Digital, aprobada en la 74ª asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, exhorta a los gobiernos de la región, incluido al de Venezuela, a no imponer sanciones a los ciudadanos que difundan información de interés público en la plataforma digital.
La censura contra los medios digitales y la persecución a internautas y periodistas a través de los órganos de justicia fueron unas de las preocupaciones que expusieron defensores de la libertad de expresión en la asamblea que se desarrolló desde el sábado y concluyó ayer en Salta, Argentina.
“Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas”, dice uno de los 13 principios de la declaración, que tiene como objetivo promover el libre flujo de la información desde el entorno digital y tradicional.
También señalan que en el ejercicio de la libre expresión como elemento de la democracia, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios, que en esta época ocurre frecuentemente a través de las plataformas.
“El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala otro de los puntos de la declaración. Advierte que los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas. “Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas”, puntualiza.
En crisis. En las discusiones participaron directivos de medios venezolanos, quienes presentaron un informe en el cual denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro busca crear un sistema hegemónico norcoreano, en el que exista solo la línea de información oficial.
En el informe, que detalla la situación de Venezuela, se destaca que para ese objetivo y terminar de “desbaratar las libertades sociales e individuales”, el gobierno usa las instituciones como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y al Tribunal Supremo de Justicia.
También denunciaron que 2018 ha sido el peor año para el periodismo independiente por el cierre de medios debido a sanciones, problemas económicos y falta de insumos como el papel, que monopoliza el Estado.
Este año, agregaron, se han incrementado los ataques, bloqueos y filtraciones de contenidos a los portales informativos como El Nacional, La Patilla y El Pitazo. “Si bien el régimen censura Internet, también ha convertido la red en el soporte esencial de su existencia, incluso como vehículo de información de sus más de 700 medios, garantes de la hegemonía comunicacional y la propaganda”, expresó Gilberto Urdaneta, representante de El Regional del Zulia, al presentar el informe.
Gobierno de Maduro ha apresado a 19 tuiteros
La ONG Espacio Público registra 19 ciudadanos procesados judicialmente por expresar opiniones en redes sociales y plataformas digitales en lo que va de mandato del presidente Nicolás Maduro.
La mayoría de las detenciones ocurrieron en 2014. En ese año los usuarios fueron arrestados por los cuerpos de seguridad luego de manifestar opiniones sobre la muerte del dirigente oficialista Robert Serra. Según el registro de la ONG, la detención más corta ha sido de dos días y la más larga de tres años y cuatro meses de prisión.
“En las sociedades democráticas la libertad de expresión es fundamental, las responsabilidades ulteriores que se impongan por expresiones sobre asuntos de interés público deben ser, en lo posible, de naturaleza civil y no penal, pues este último tiene por efecto desincentivar el ejercicio libre del derecho a expresar opiniones y difundir información de relevancia pública, desencadenando censura previa”, dijo Misle Gonzalez, representante de la ONG.
Espacio Público indicó que en todos los casos ha habido retrasos y el uso de la justicia de manera arbitraria. “Le dan largas porque no son delitos que están en el Código Penal. No hay una legislación que norme el uso del Twitter”, afirmó Gonzalez. Advirtió que con la ley contra el odio se pretende legalizar los delitos de expresión.