En el Sebin se concibió el Manual del Combatiente Revolucionario que, posteriormente, la cúpula del PSUV distribuyó a su dirigencia para que conocieran datos personales y ubicación geográfica de las figuras de la oposición y así poder actuar en el caso de un golpe de Estado y proceder a detenerlos.
La policía política elaboró una “mapa de relaciones de la MUD”, que contiene fotos, números de teléfonos, celulares y domicilio de los dirigentes, que fue facilitada al PSUV, revelaron fuentes militares.
La idea del “manual” es atribuida al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien, desde febrero, ha dicho que, en caso de una intentona, ya sabían dónde actuar. “No nos alboroten que sabemos a dónde tenemos que ir. Nuestro pueblo está ansioso de ir para donde tiene que ir. Y cuando vayamos será para no regresar. No estamos como en 2002. No, no, no. Por ejemplo, sabemos dónde vive y con quién se mueve cada uno de ellos. Sabemos quién está detrás de quién aquí”, amenazó el lunes 17 en la rueda de prensa del partido.
En la edición del programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV el 19 de abril, Cabello negó esa versión. “El pueblo es sabio. Esto no lo hice yo. Esto lo está repartiendo el mismo pueblo en la calle”, aseguró mientras mostraba un ejemplar.
“Delito en flagrancia”
La difusión inicial del documento la hizo el diputado del PSUV, Pedro Carreño, en el canal estatal, en Confidencias, el 18 de abril, a las 11:00 pm.
En la portada se incluye el siguiente mensaje: “No al enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Manual del Combatiente Revolucionario. Sabemos para donde tenemos que ir”, que incluye información de residencias de los directivos de la Asamblea Nacional, (Julio Borges y Freddy Guevara), diputados (Henry Ramos Allup y Tomás Guanipa, entre otros), Lilian Tintori, Antonio Ecarri, y también de otros dirigentes de Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Ante este hecho, y por considerar que el parlamentario del PSUV incurrió en un delito, la Fundación Defensora de Equidad Ciudadana y Derechos Civiles anunció que acudirá, en las próximas horas, ante la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo a solicitar una investigación por la elaboración, difusión y uso del “manual” que haría el oficialismo y contra Carreño.
“Ese legislador cometió un hecho grave, y además en flagrancia: Instigó al odio, lo que es un delito según el artículo 285 del Código Penal. La fiscal Luisa Ortega Díaz y el defensor TareK William Saab deben investigar a Carreño y solicitar un antejuicio de méritos porque, a pesar de que no ejerce su cargo, no asiste al Parlamento, goza de inmunidad”, alertó Elenis Rodríguez, miembro de Fundeci.
La abogada teme por la vida, no solo de los dirigentes políticos, sino de sus familiares, amigos o sus seguidores: “Es algo grave y delicado. Es una violación a la Constitución sobre el derecho a la vida, a la protección de la identidad y datos, así como de tratados internacionales. Ponen en peligro la integridad física y sicológica de venezolanos”.
La difusión de información policial con objetivo político no tendría precedente en Venezuela. El ex dirigente del MIR, Américo Martín, recuerda que la izquierda tenía un manual pero para acceder al poder, no para arriesgar la vida de nadie. “Sí existió en 1970 pero no fue útil; nos fuimos a las armas y no logramos nada. El manual del PSUV es una bravuconada de Cabello que amenaza, por ejemplo, que armarán a 500.000 milicianos y que cuentan con 60.000 motorizados cuando es técnicamente imposible. No obstante, hay que prestarle atención porque ya Cabello dio la dirección de Julio Borges y, en respuesta, fue atacada su casa. No fue un comentario inocente, está dirigida a justificar la agresión contra la oposición”.
Martí señaló que el gobierno recurre al miedo para debilitar a su adversario: “Maduro está en minoría y, al ser objetado por la comunidad internacional que le exige restituir el orden constitucional y democrático, acude a la represión, a la violencia institucional”.
ElDato
“Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación” (Constitución, artículo 60).
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (Declaración Universal de los Derechos Humano, artículo 12).