La Asamblea Nacional se comprometió a luchar por el rescate de los salarios que han perdido su valor por las políticas económicas implementadas por el gobierno. Desde 1999 han aumentado el sueldo mínimo en 45 oportunidades, de las cuales 4 fueron decretados este año.
El diputado Carlos Valero (UNT-Zulia) aseguró que los ciudadanos reciben menos de un dólar por el esfuerzo de un mes, mientras que en Bolivia, ganan 350 dólares; en Argentina 465 y en Colombia 279 dólares. Calificó el modelo de Maduro como un sistema que acumula el poder y se roba el dinero de la nación.
“Si llevamos el salario mínimo al Dicom, el venezolano estaría ganando 42 dólares, pero ese marcador no es real porque ninguna persona tiene acceso al sistema. Antes del 20 de mayo, los ciudadanos ganaban 3,5 dólares. Eso quiere decir que a medida que aumenta el autoritarismo y la violación de la Constitución, crece la pobreza y nos acercamos a la miseria absoluta”, afirmó.
Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) señaló que una sociedad que devenga un salario que no vale nada está expuesta a mecanismos de coacción que la esclavicen y disminuyan su calidad de vida, como está ocurriendo. Agregó que los 5.196 bolívares que perciben los venezolanos representan 1% de lo que se cobraba hace 11 años.
Por el partido Primero Justicia, tomó la palabra María Beatriz Martínez, quien propuso usar el dólar como referencia para calcular los salarios, y que los pagos se hagan semanalmente y no cada 15 días.
Américo de Grazia (LCR-Bolívar) y Edgar Zambrano (AD-Lara) señalaron al gobierno de judicializar el reclamo laboral y de promover un paralelismo sindical para destruir las organizaciones legítimas. De Grazia pidió a la Cámara solidarizarse con la paralización de actividades que iniciaron los trabajadores hace tres semanas.
Rescate de la Industria. La AN sancionó la reforma a la Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Los diputados aseguraron que este instrumento dinamizará la industria venezolana y permitirá que la empresa privada levante la producción petrolera, que a finales de año podría cerrar en un millón de barriles diarios.
“Solo este año en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se han perdido 15 millardos de dólares, debido a las políticas erradas aplicadas por el gobierno. Solo 200 embarcaciones están operativas de las 1.000 que tenía Pdvsa”, señaló Luis Stefanelli (VP-Falcón).
Héctor Vargas indicó que en el estado Zulia, el gobierno acabó con la industria petrolera y expropió 70% de las empresas, de las cuales 2 funcionan como campamentos militares.
La Ley de hidrocarburos dará prioridad a empresas venezolanas en las contrataciones públicas para la adquisición de bienes y servicios. Omar Barboza, presidente del Parlamento, aseguró que el instrumento pasará al banco de leyes que entrará en vigencia cuando se origine el cambio político.
La Cámara también declaró una emergencia en el sector transporte. Nora Bracho, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, informó que de las 250.000 unidades que hay en el país solo 25.000 se encuentran operativas. De acuerdo con el registro de la comisión, 39 personas han fallecido en transportes improvisados (perreras) y 275 han sufrido lesiones.
El Parlamento analiza vacío de poder
La Consultoría Jurídica de la AN estudia la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de fecha 2 de julio, en la que se declaró la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro y la urgencia de llenar el vacío de poder. Omar Barboza, presidente del Poder Legislativo, aseguró que la comunicación de los magistrados fue recibida el lunes, junto con una opinión de la fiscal Luisa Ortega Díaz. “En los próximos días informaremos sobre los resultados del análisis que realice el equipo jurídico”, dijo.
El diputado Juan Pablo García (VV-Monagas) advirtió que Maduro ya no es comandante en jefe y el Parlamento debe proceder a nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral.
El TSJ en el exilio, además, instó el lunes a la AN a incorporar a los tres diputados de Amazonas que fueron señalados por una supuesta compra de votos en las elecciones de 2015. El Parlamento está a la espera de la decisión para evaluarla.