Una vez anunciado el miércoles las últimas 43 excarcelaciones de presos políticos que haría el gobierno de Nicolás Maduro, el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, que actúa como “fiador”, aseguró que Villca Fernández recibiría la boleta de excarcelación el jueves y que sería trasladado desde El Helicoide hasta el aeropuerto de Maiquetía, para viajar a El Vigía. Sin embargo, no fue así.
“Me encuentro en un avión que se dirige a Perú. El régimen venezolano me ha sacado de los calabozos del Sebin y me ha expulsado de Venezuela. Perú, que es el país natal de mi padre, me ha brindado cobijo y hacia allá me dirijo, hacia el exilio”, afirmó en un mensaje de voz.
Fernández, que estuvo preso en El Helicoide desde 2016, aseguró que no se rendirá. “La lucha no se acaba hasta salir de esta dictadura. Y pronto, junto como miles de venezolanos que están en el exilio, regresaremos a construir un país distinto. Sigamos luchando por la libertad de todos los presos políticos, de Lorent, del general Baduel. No descansaré hasta ver un país diferente, un país libre, donde se respeten los derechos de todos, no se encarcele el pensamiento libre, donde decir lo que se piensa no sea un delito y donde lo que yo estoy viviendo –ser expulsado del país que me vio nacer– ningún otro venezolano lo viva”.
Dijo que se va de Venezuela con un profundo dolor: “Dejo a la gente que más amo, incluidos mis hijos, pero me voy con la convicción de que volveremos y que desde donde esté la lucha continúa por la liberación democrática de Venezuela. Me voy con el corazón muy dolido porque 30 millones de venezolanos se quedan tras las rejas del régimen de Maduro”.
Tratos crueles. Familiares de militares detenidos denunciaron en la Subcomisiónde Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Nacional torturas y violaciones de los derechos humanos de sus parientes.
Alonso Medina Roa, abogado defensor, presentó una lista con los nombres de 151 militares presos, todos de diferentes componentes militares; procesados por traición a la patria e instigación al odio. Aseguró que en ningún de los casos existe evidencia suficiente para justificar el procedimiento jurídico
Joselyn Carrizales, esposa del teniente coronel Marín Chaparro, informó que el oficial ha sido sometido a tratos crueles, aislamiento e incumplimiento del debido proceso: «Pasé 42 días sin saber del estado de mi esposo. No tenía qué responderle a mi hijo cuando me preguntaba por su papá».
Familiares de los presos políticos presos en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, también denunciaron en rueda de prensa vejaciones a sus parientes. Mónica Santamaría, hermana de Luis Santamaría, y Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, ambos acusados de instigación a la rebelión y ultraje a la Fuerza Armada, exigieron que cesen las torturas y tratos crueles.
Santamaría indicó que han solicitado en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atención médica para los detenidos y que sean examinados por forenses, pero no ha recibido respuesta.